BUENOS AIRES. El gobierno argentino celebró este martes que haya quedado prácticamente cerrada la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Kirchner, por supuesto encubrimiento de iraníes en la causa que investiga el atentado al centro judío AMIA en 1994.
La denuncia “pasó a archivo, ahí se agota”, declaró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Quedó demostrado que tuvo una vocación aviesa de ensuciar la figura de la presidenta sin ningún tipo de asidero jurídico”.
La acusación de Nisman, fallecido en enero pasado, había sido rechazada en varias instancias judiciales por “inexistencia de delito” hasta que fue desestimada el lunes por el fiscal Javier de Luca, que debía expedirse a pedido de la Cámara de Casación.
De Luca dio a conocer su decisión mientras la presidenta Kirchner se encuentra de viaje a Rusia donde esta semana realiza una visita oficial. “Como se ve, no es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia porque tales hechos no configuran delito”, afirmó en su fallo De Luca.
Cuatro días antes de morir, Nisman denunció a Kirchner, a su canciller, Héctor Timerman, y otros allegados de intentar encubrir a exaltos funcionarios iraníes, acusados del atentado que causó 85 muertos y 300 heridos.
Según el fiscal, el instrumento para ese supuesto encubrimiento había sido la firma en 2013 de un Memorándum de Entendimiento entre Buenos Aires y Teherán para permitir que la justicia argentina indague a los acusados iraníes en su propio país. El acuerdo, que también proponía conformar una ‘comisión de la verdad’ con juristas internacionales, nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el Congreso iraní.
El fiscal que investigó por una década el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) apareció muerto el 18 de enero en el baño de su apartamento, de un disparo en la cabeza, hecho que aún se investiga si fue suicidio u homicidio.
El fin de semana pasado, la presidenta se hizo eco de una denuncia que vinculó a Nisman y a la dirigencia de la comunidad judía, la mayor de América Latina con 300.000 integrantes, con los fondos ‘buitre’ que litigaron contra Argentina y ganaron en la justicia de Nueva York. l
