SANTIAGO.- El alcalde Abel Martínez y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, acordaron reunirse este lunes por segunda vez, en menos de tres días, con el objetivo de poner fin a la litis judicial que mantienen, generada por el cobro de deudas que tienen entre sí las instituciones que dirigen.
El avenimiento se produce luego que Durán informara la decisión de la empresa acuífera, de desligarla a partir de hoy del cobro del servicio de recogida de basura, a través de la factura del agua potable y residual.
El artículo 6 de la Ley 582, del 4 de abril de 1977, modificada por la Ley 328-98, consigna que Coraasan “deberá” acordar con los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Santiago que se incluyan en las facturaciones por servicios de agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores correspondientes serán entregados a los respectivos ayuntamientos dentro de 30 días de cobrados.
A instancia de la administración del municipio, ambos funcionarios encabezaron el pasado sábado sendas comisiones que se reunieron, acordándose preliminarmente puntos que los últimos meses los han distanciado.
Tras varias horas de análisis de las discrepancias entre el alcalde Martínez y Durán, ambos acordaron reunirse nuevamente la mañana de hoy, encuentro que se mantenía cerca de las 11:00 de la mañana.
Desde mediados del pasado año las dos instituciones de servicio público, dirigidas por conocidas figuras del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mantienen un enfrentamiento que se halla en el ámbito judicial porque, mientras Coraasan reclama el pago de 220 millones de pesos por concepto de servicio de agua a la Alcaldía, acumulados desde 1999, la sindicatura exige el desembolso de casi 100 millones retenidos.
Hace algunos días, y en aparente respuesta a la agudización de las discrepancias, la Alcaldía resolvió cerrar nuevamente las oficinas de cobro que desde hace años tiene Coraasan en el edificio del cabildo.
Como respuesta a la decisión del síndico, Durán ordenó la cancelación del comunicador Fernando Ramírez, quien se desempeñaba como representante de Martínez en el consejo de dirección de Coraasan.
Al tiempo de emplazar al alcalde a que asuma esa responsabilidad, dando así cumplimiento a la letra “b” del artículo 7 de la Ley 582, del 4 de abril de 1977, modificada por la Ley 328-98 que crea la Coraasan.
