La Fuerza Nacional Progresista (FNP) consideró “inconstitucional” la resolución de la Dirección General de Migración que ordena que todos los extranjeros, mayores de 18 años, que se les ha otorgado carnet de residencia temporal y residencia permanente o definitiva, desde la RT-2 hasta RT-9, deban solicitar cédula de identidad ante la Junta Central Electoral (JCE).
El partido político sostuvo que esa disposición, lejos de garantizar derechos, discrimina los extranjeros y coloca el Estado en una situación de franca violación a la constitución y a la ley.
“No todos los residentes temporales (RT), aunque se les llamen así, tienen una vocación de radicación definitiva y por vía de consecuencia son no residentes, porque es la propia ley que en el ordinal 2 del artículo 31 la que define como residente temporal”, indicó la FNP en un documento emitido a través de su Comisión Política.
En esa misma misiva, la entidad señaló que el legislador ha sentado el carácter de radicación temporal de las residencias temporales y en consecuencia su calidad de no residente, estableciendo que “la única posibilidad de que un extranjero pueda aplicar por un estatus migratorio estando en el territorio nacional, (art. 62), excepción que ha hecho exclusivamente para los residentes temporales, de donde queda clara por demás la categoría de no residente de su estatus”.
Asimismo, precisó que esa posibilidad está cerrada por el mismo texto para los no residentes en las subcategorías de trabajadores temporeros o de habitantes fronterizos, que únicamente pueden “optar por residencia dominicana luego de salir hacia su país de origen y aplicar desde allí ante algún consulado dominicano, previo cumplimiento de los requisitos necesarios al efecto.”
Revocación
La FNP pidió al director de Migración que revoque la decisión de aceptar procesos migratorios a ciudadanos extranjeros que obtienen visado en el territorio nacional y que se concentre en crear las condiciones para sistematizar las multas a las empresas que violan la ley de Migración, para que contribuya con la aplicación de las normas de nacionalización del trabajo.
“Aférrese a un legado, sirva a todos y evite servir por acción u omisión los intereses desde los cuales se impulsa una grave agenda contra la nación dominicana, su identidad, cultura, creencias y principalmente su derecho a defender su historia”.
