La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), depositó este lunes por ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad, en contra de una resolución de diciembre del 2012 de la Junta Central Electoral, que dispone el cobro excesivo y exorbitante por la expedición de los actos del estado civil y otros documentos; tales como las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción, la cédula de identidad, entre otros servicios.
La instancia de inconstitucionalidad suscrita y firmada en calidad de abogados y representantes de la fundación por los juristas Marte Piantini y Trajano Potentini, procura además de anular la norma violatoria a la constitución y sus principios, el suspender en lo inmediato como medida cautelar y precautoria el cobro ilegal de impuestos percibido por la Junta Central Electoral (JCE), por concepto de la expedición de los diferentes actos y documentos manejados por la junta.
Potentini, deploró que la Junta Central Electoral este violando las leyes y la constitución, al establecer impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedición de documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la población, en una franca y abierta negación y violación a los derechos fundamentales de las personas.
La fundación lamentó que el concepto y alcance de las tasas haya sido prostituido en la República Dominicana, no solo por la Junta Central Electoral, sino además por otras tantas instituciones, entre las cuales y a título de una pequeña muestra podemos citar: ONAPI, Pasaporte, Migración y finalmente también en el ámbito del Poder Judicial, encareciendo, imposibilitando y violando el derecho fundamental de acceso a la justicia de que deben gozar todos los ciudadanos.
Para la entidad de sociedad civil, ha sido notorio y recurrente el irracional y descomunal aumento, perpetrado por la junta, año tras año sobre los precios supuestamente de tasas por servicios, en principio cobrados como tasas, y ya en la actualidad desvirtuado y convertidos en impuestos en violación a la constitución y a las leyes, cuyos aumentos se expresan en muchos casos, desde el 2007 a la fecha, en más de un mil por ciento sin parámetro alguno que justifique tal barbaridad.
Todo parece indicar que la ambición desmedida de lucro y más presupuesto de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, los han llevado a desnaturalizar las funciones de la entidad estatal, al pasar a ser de una institución de servicios a una entidad y maquinaria despiadada de recaudación.
Para Justicia y Transparencia la única y desafortunada justificación ante los despropósitos de esta resolución, los encuentra en el estilo de vida que llevan los funcionarios de la junta, en especial sus miembros titulares, con sueldos brutos y otros beneficios marginales que hoy día superan con creces el medio millón de pesos por cabeza, además de jeepetas de lujos de alto cilindraje, seguro médico internacional con un coste de varios millones de pesos al año, viajes al exterior, dietas y excesivos gastos de representación, entre otros privilegios.
También es relevante desde la óptica constitucional, la violación a los derechos fundamentales de las personas, sobre todo por el carácter instrumental que tiene el acceso a los servicios de la Junta Central Electoral para todo el pueblo dominicano, al tratarse de documentos vitales, necesarios e indispensables para el diario vivir de los dominicanos, el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la defunción, la cédula de identidad y consecuentemente todo lo que de ello se derive.
Asimismo la entidad deploró que cualquiera de los actos del estado civil, y la expedición de otros documentos, unos 129 servicios conforme el tarifario de la junta, les cuesten a los dominicanos entre 300 y hasta 25,000 pesos, además de plazos muy breve para la vigencia o fecha de caducidad de los mismos, recaudando así todos los años, cifras superiores a los 1,000 millones de pesos, bajo el erróneo y malsano alegato, de que se trata de tasas y no de impuestos, en desconocimiento de que las tasas deben guardar proporción y relación en su costo, con el servicio prestado, procurando estrictamente la sostenibilidad de los mismos, nunca sumas que sobrepasen desproporcionalmente esas expectativas.
