La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) deploró la ausencia y falta de consenso de los partidos políticos en el proceso de licitación internacional que envuelve más de dos mil millones de pesos para la confección y manejo de la nueva cédula de identidad y electoral.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó de grave y peligroso que en los criterios y parámetros para la referida licitación no aparecen como requisitos la inclusión de un chip inteligente para dotar de mayor seguridad el documento necesario para todos los actos de la vida pública y privada de los ciudadanos, incluyendo el derecho al voto.
En tal sentido llama a preocupación que la propuesta ganadora no incluyera detalles de seguridad que son ya un estándar a nivel internacional, ni tampoco holografía en la lámina para proteger la fotografía y los datos de los ciudadanos. Una simple lectura del Acta de Adjudicación revela la ausencia de estos imprescindibles elementos de seguridad.
Potentini destacó la necesidad de transparentar y consensuar todo el proceso de licitación, en razón de que estamos hablando del control y discrecionalidad del padrón electoral y por consiguiente un tema delicado para la sostenibilidad democrática.
La entidad cívica demandó, además de las autoridades de la Junta Central Electoral el conocer y ponderar las reclamaciones y cuestionamientos hechos por una de las empresas que participaron en el proceso de licitación y posterior adjudicación del contrato para el suministro de los plásticos y equipos, para la confección uso y manejo de la nueva cédula.
La FJT sostuvo que ciertamente varios licitantes protestaron ante el diseño de las propuestas de cotización, pues favorecían exclusivamente a la empresa ganadora. Las irregularidades fueron tan notorias que algunas empresas especializadas en la creación de documentos de identidad en países de todo el mundo prefirieron retirarse del proceso.
El problema inicialmente detectado se refiere a las irregularidades del proceso de licitación, el incumplimiento de normas muy específicas y claras, pero se han añadido otros elementos sumamente preocupantes. De esa forma, “los problemas más graves –dijo Potentini- no se limitan a las irregularidades en el proceso de licitación, de por sí lo suficientemente importantes como para provocar su anulación definitiva, sino provienen del hecho de que las propuestas de cambio de la cédula no respetan normas de seguridad documental imprescindibles para la confiabilidad de la cédula, ni se realizaron propuestas consensuadas con los partidos políticos, entidades que necesitan conocer de antemano las diferentes formas en las que pueden ser afectados los electores”.
De acuerdo a lo afirmado por el Presidente de la FJT, resulta que el documento propuesto es menos seguro que los actuales, y la empresa que “ganó” la licitación, Copy Solutions International (CSI), ni siquiera cuenta con experiencia en este tipo de proyectos, siendo su principal ocupación empresarial, según se ha dicho, “la distribución de scanners, fotocopiadoras y software” de computadoras.
Además de los fraudes electorales, los traslados de votantes, las asignaciones de votantes a mesas diferentes y otros similares elementos representarían un problema de proporciones imprevisibles. Pero increíblemente, en el contexto actual a consecuencia de la sentencia TC/0168/2013 del Tribunal Constitucional, la JCE se da el lujo de descartar propuestas que ofrecían solucionar el problema de la documentación de extranjeros.
La FJT clama por una pronta solución del problema creado por la JCE, recordando que en ocasiones anteriores los programas implementados han resultado en serios y costosos fracasos para el Estado.
