Deplora impunidad prevalece en la justicia dominicana.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) emitió un comunicado de prensa en el que afirma que el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís está legalmente conminado a suspender en funciones al Alcalde Félix Manuel Rodríguez, contra quien el juez de la Corte de Apelación de la Provincia Duarte dictaminó medidas de coerción en forma de presentación periódica y garantía económica.
De acuerdo a Trajano Potentini, Presidente de la FJT, el Art. 44.b) de la Ley Núm. 176-07, del Distrito Nacional los Municipios, dispone que procede la suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, vicesíndicos y vicesíndicas, regidores y regidoras, desde el mismo momento en el que: b) Se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.
Es una obligación del Consejo de Regidores conocer todo lo relativo a la suspensión de funciones de los alcaldes. En tal sentido –dijo Potentini- en tal sentido estaremos solicitando mediante instancia motivada al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís la inmediata suspensión de Félix Manuel Rodríguez.
La FJT lamentó la protección y aval oficial que se le está dando al alcalde, quien se hizo acompañar a la hora de entregarse a la justicia de un nutrido grupo de personalidades, en una clara señal de impunidad y favoritismo, pese a tratarse de un imputado que presuntamente cometió delitos de falsedad, prevaricación, desfalco, abuso de confianza y asociación de malhechores, y que estuvo prófugo de la justicia.
El poder político tiene que someterse al gobierno de los jueces –dijo Potentini- sobre todo en momentos en que se le exige al Poder Judicial erigirse en centinela de la seguridad ciudadana. Afirmó el jurista que “la sociedad percibe un trato diferente hacia los pobres y los residentes de barrios marginados, respecto de los altos dirigentes políticos acusados de desfalcar el erario público. La FJT hace votos fervientes para que se deje a la justicia hacer su trabajo como entienda procedente”.
Igualmente, la FJT considera que la suspensión en funciones del Alcalde Félix Manuel Rodríguez es un deber moral y no solamente legal, porque lo contrario, permitirle al imputado continuar disponiendo de los recursos públicos en medio de una investigación penal que envuelve más de cien millones de pesos malversados, es un sinsentido que compromete gravemente el interés social y la persecución jurisdiccional.
