La Fiscalía de Ecuador efectuó hoy un allanamiento en las oficinas de la empresa Odebrecht en Guayaquil (suroeste), donde se incautó de documentación que podría estar relacionada con las informaciones sobre supuestos sobornos por más de 35,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno.
En el registro, realizado durante la madrugada por la Policía y la Fiscalía, fueron incautadas 23 carpetas, dos carpetas de manilla, tres libros y 23 cuadernos, además de dos discos compactos y cuatro ordenadores portátiles, informó hoy el Ministerio Público.
Los agentes confiscaron además una CPU (unidad central de procesamiento) y dos discos externos, según la Fiscalía, que ha solicitado asistencia penal sobre este caso a Estados Unidos, Brasil y Suecia.
La operación de la Fiscalía se produjo de oficio en dos oficinas situadas en el interior de un centro comercial de la ciudad portuaria y, según indicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, “busca evidencias documentales, materiales y digitales que podrían relacionarse” con el caso.
El Fiscal General, Galo Chiriboga, consideró este jueves que los informes solicitados a EE.UU. y a Brasil sobre las posibles ramificaciones del asunto en Ecuador darán la “base suficiente” para investigar los supuestos sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano.
“Con la información que tiene Brasil y la que envíe el Departamento de Justicia de EE.UU. tendremos una base suficiente para trabajar”, dijo Chiriboga.
El Departamento de Justicia de EE.UU., según documentos publicados esta semana, señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El Gobierno ecuatoriano, por su parte, dijo este jueves que no descarta que haya habido “pagos o actos de corrupción” de la empresa brasileña que involucren a funcionarios, pero aseguró que su actuación en relación con esa compañía fue correcta y recordó que fue expulsada del país en 2008, aunque luego volvió a ser contratista del Estado.
El Ejecutivo, además, exigió que sean revelados los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que cuando el Ejecutivo del presidente Rafael Correa accedió al poder se hallaron “serias irregularidades” en relación con el proyecto de la central hidroeléctrica de San Francisco, pero no se encontraron “depósitos ni cheques”.
