Santo Domingo.-La Fisacalía del Distrito Nacional informó este martes que apelará la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción que varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva que pesa contra Manuel Rivas, exdirector general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y Faustino Rosario, exdirector financiero de esta institución, quienes fueron acusados por el órgano persecutor de incurrir en crímenes de corrupción.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que la referida decisión será apelada porque debido a la gravedad de los crímenes de los que son acusados Rivas y Rosario, la prisión preventiva es la medida más idónea, para garantizar la presencia de ambos en todo lo que resta para la conclusión del proceso.
Asimismo, reiteró su compromiso de seguir la lucha contra la corrupción, asegurando que en este caso se llegará hasta las últimas consecuencias para lograr la sanción correspondiente a los graves delitos cometidos por los acusados.
Conforme la resolución del tribunal, durante la audiencia de revisión obligatoria de medida de coerción, a Rivas se le varió la prisión preventiva por el pago de una garantía económica de cuatro millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Respecto a Rosario, la decisión dispone el pago de una garantía económica de ocho millones de pesos, impedimento de salida, colocación de grillete electrónico y arresto domiciliario.
Se recuerda que, tras una investigación, el Ministerio Público depositó en marzo 2019 ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra nueve implicados (incluidos Rivas y Rosario) en los crímenes de corrupción ocurridos en la OMSA, así como la muerte del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
En el caso de Rivas, no se estableció su vinculación con el asesinato, pero sí determinó su implicación y se le presentó acusación por haber incurrido durante su gestión como director de la OMSA en los tipos penales de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia (esto es violentando procesos de licitación), y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
En tanto que, con relación a Rosario, se le acusa por cometer los delitos de asociación de malhechores, corrupción por fraude en procesos de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial.
El órgano acusador señala que la conducta de los exfuncionarios Rivas y Rosario, representan la casuística propia de los tipos penales de corrupción, en desmedro del patrimonio público y la entidad en que se desempeñaban como servidores públicos, favoreciendo empresas de funcionarios en la institución, acometiendo procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios ilegales, atentando contra el comercio nacional.
