La Fiscalía del Distrito Nacional duró poco más de cuatro meses apoderada del caso de presunta corrupción del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y, sin embargo, muy pocos resultados se conocen sobre esas indagatorias.
Fue el 14 de abril cuando la Procuraduría General de la República (PGR), liderada en ese entonces por el procurador, Jean Alain Rodríguez, apoderó la investigación del caso a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y a Laura Guerrero Pelletier, encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en la licitación para la adquisición de kits alimenticios por 100 millones de pesos. La convocatoria fue publicada a las 6:00 de la tarde del 31 marzo del año en curso y cerrada a las 9:00 de la mañana del día siguiente, según denunció el empresario Pablo Cabrera, quien entiende que se trató de una maniobra del Inaipi para favorecer con el contrato sobrevalorado a un proveedor específico.
Las explicaciones del denunciante establecen que los kits solicitados tenían un valor de 600 pesos, pero el proveedor que “ganó” los cotizó a 2,500 pesos cada uno.
La repercusión de la denuncia generó que el presidente Danilo Medina designara una comisión para elaborar un informe de la situación. Luego de sus indagatorias, establecieron que en el proceso de contratación Inaipi-MAE-PEUR-2020-0002 para la compra de 40,000 kits de alimentación “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.
A consecuencia de esto fueron destituidos Ricardo Guzmán José Domínguez y Mayra Martínez, del Departamento de Compras del Inaipi. Además, Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.
Desde entonces, se han realizado entrevistas a todos los señalados en el proceso e incluso al empresario denunciante, sin que se hayan conocido de acciones contra ningunos de los mencionados.
Ayer lunes se dio a conocer que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito solicitó a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de este expediente, ya que el caso había sido remitido a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
