NUEVA YORK — El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, se unió a una coalición de estados para pedir a un tribunal federal de apelaciones que permita continuar con la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, pese a una orden judicial emitida por un tribunal del distrito de Texas.
“Al dar la autorización de trabajo a las personas que ya viven aquí, podemos aumentar los ingresos fiscales de los estados y reducir la demanda de servicios sociales. Y los estados se benefician enormemente cuando a miles de sus ciudadanos y residentes legales se les da el alivio de la amenaza de ver a sus padres deportados”, dijo Schneiderman.
Las acciones ejecutivas firmadas por el presidente impactarán a cinco millones de personas. Una de éstas busca ampliar la población elegible para el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que da a los beneficiarios el derecho al trabajo, incluyendo a todos los jóvenes que vinieron a este país antes de cumplir los 16 años y han estado presentes desde el 1 de enero de 2010.
La otra medida crearía una nueva Acción Diferida para el Programa de Responsabilidad a los Padres (DAPA), lo que haría elegibles para la acción diferida y de autorización de trabajo a individuos que son padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, que han estado en el país desde el primero de enero de 2010.
El fiscal de Nueva York se une así a sus homónimos de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Vermont.
La petición fue adicionada a la demanda legal presentada por Texas y otros estados, que se oponen a que a la autoridad del presidente para tomar acción ejecutiva en materia de inmigración.
“Un sólo Estado no puede dictar la política nacional de inmigración; sin embargo, es lo que el tribunal de distrito ha permitido aquí. Confiar exclusivamente en afirmaciones especulativas de Texas”, dice el escrito redactado por la Oficina del Fiscal General del Estado de Washington, al que se sumó la coalición de estados.
En el documento de 18 páginas, fechado el 12 de marzo con el número de caso 15-40238, se pide al tribunal de justicia que suspenda la orden emitida por el juez Andrew Hanen, de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Brownsville, ya que ningún estado ha presentado prueba de que sufrirá daño irreparable para justificar una medida cautelar, por el contario, se beneficiarían del alivio migratorio.
En los argumentos de la apelación se lee que el único daño irreparable que presentó la parte demandante al tribunal del distrito, fue el incremento en los costos para procesar lassolicitudes para las licencias de conducir.
“Esta conclusión equivocada se basó en un error de derechos y debe ser revisada”, lee el documento. “Si un estado da licencias de conducir a un grupo de destinatarios de acción diferida, no se puede negar licencias a beneficiarios de otros tipos de acción diferida sin una base racional. Al tener que cumplir con la prohibición constitucional contra discriminación, no puede ser considerado como un daño irreparable”.
La coalición de estados establece que el tribunal de distrito erró en acreditar las afirmaciones sin fundamento de la parte demandante y al confiar en la evidencia relacionada exclusivamente a Texas para justificar un requerimiento judicial a nivel nacional.
