Panamá, 15 may (PL) La Fiscalía General de Cuentas de Panamá inició hoy una investigación contra 12 exfuncionarios del anterior Gobierno y 30 empresas por la adquisición y distribución de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Según un informe de la Contraloría General de la República, el perjuicio económico al Estado por estas compras asciende a 33,2 millones de dólares, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2014.
El texto precisa que proveedores participantes en esta actividad comercial establecieron que las empresas se alternaran en fechas diferentes las contrataciones, con el objetivo de evadir los controles.
Con este caso, ya suman tres de los llamados de alto perfil cuyas pesquisas están en manos de la citada jurisdicción, con montos de dineros a las lesiones patrimoniales que suman en total 88,9 millones de dólares, precisó el fiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez.
De acuerdo con el Ministerio Público, hasta el momento fueron interrogadas 123 personas por estos casos, en cuyo proceso se conoció que 14 bancos (10 de capital local y cuatro de capital extranjero) fueron mencionados como supuestos depositarios del dinero robado a las arcas del Estado a través del PAN.
Un reporte de La Estrella de Panamá refiere que durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) -dígase políticos, altos funcionarios, jefes de Estado o Gobierno, etc- abrieron múltiples cuentas y realizaron transacciones por millones de dólares.
Dentro de esa lista cabe señalar al exdirector del PAN Rafael Guardia y al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, ambos detenidos y bajo la lupa de la justicia.
Ante esta realidad, la pregunta de respuesta pendiente es cómo los bancos pudieron abrir sus bóvedas a los millones de clientes con el perfil restringido PEP, por lo que también son responsables del desfalco millonario al Estado, comentó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Alberto Álvarez.
Mientras, son muchos los panameños que a través de las redes sociales solicitan a la Superintendencia de Bancos un castigo para los implicados, pues resulta la única forma de devolver la confianza al sistema regulatorio, aseguró el empresario Roberto Eisenmann en su cuenta de Twitter.
Solicitud que por lo pronto permanece en silencio, pues según el Ministerio Público “no podemos revelar la información de los bancos ya que hacerlo puede afectar la reserva del sumario y el debido proceso”.
