SANTO DOMINGO. La fiscal de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, entrevistó durante ocho horas a los cinco encargados de la Unidad de Auditoría Interna de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Clistenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Ingrid Font y Altagracia Ynés López Almonte fueron citados para escuchar sus argumentos respecto a la investigación especial hecha por la Cámara de Cuentas en la que se revelan irregularidades que contaron con la anuencia de los miembros de la UAI.
Una de las entrevistadas rehusó ofrecer declaraciones a la prensa a su salida del despacho de Diná Llaverías. Los medios no pudieron precisar el nombre de la funcionaria pública debido a que nadie del Ministerio Público quiso ofrecer información ni asistir a la prensa que desde tempranas horas de la mañana se encontraba en el lugar.
De acuerdo con informaciones extraoficiales, los demás miembros de la UAI serán también llamados a declarar ante el órgano que investiga las irregularidades así como presuntos actos de corrupción durante la gestión de Manuel Rivas y el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
La Cámara también cuestionó las actuaciones de los miembros de la Unidad de Auditoría Interna que autorizaron los pagos por adquisición de bienes y servicios por más de tres mil cuatrocientos millones de pesos entre agosto del 2012 al 2017.
En la investigación remitida al Ministerio Público la Cámara de Cuentas explica que los desembolsos presentan desviaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La Contraloría General de la República (CGR) valoró como correcta la decisión de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo de investigar a los auditores, proveedores y propietarios de los talleres que ofrecieron sus servicios a la OMSA para que sean esclarecidos los hechos que revela el Informe Especial de la Cámara de Cuentas.
Contraloría precisó en una nota de prensa que sus observaciones al Informe Especial estuvieron orientadas exclusivamente a que esa entidad estableciera con claridad conforme a la Ley 10-07, en sus artículos 23, 25 y 26, quiénes son los responsables por el uso y manejo adecuado de los fondos públicos en las instituciones bajo el amparo de esta ley, y no en cuestionar o contradecir los hallazgos que presenta el Informe Especial.
