SANTO DOMINGO. Los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, así como el ex titular de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), coronel Carlos Fernández Valerio, rechazaron las imputaciones de sustracción de 950 kilogramos de cocaína, para repartírselos, y luego venderlos en el mercado local.
Por las imputaciones, la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, dictó un año de prisión preventiva en contra de éstos y otros siete por el caso DICAN.
El fiscal Díaz Ogando expone que el Ministerio Público establece la cantidad de 950 kilogramos de drogas, “pero nadie establece que se haya pesado la sustancia”.
“Otro punto, en lo que tiene que ver con el tipo de sustancia, no hay un certificado de INACIF de que esa sustancia era cocaína, heroína o marihuana, por ello la contradicción en el relato fáctico”.
Entiende que no hay fundamentación en la acusación que se le formula.
Acusa a los investigadores de cometer presuntas violaciones. “Yo me presenté a la Procuraduría General de la República, personalmente, por una presunta droga que se perdió. Allí me recibió con una orden de arresto. Allí no solo a mí, sino a 25 personas estaban esperando con la misma actitud, de arrestarlas y abochornarlas”.
A su entender, el MP no quiere justicia, sino entorpecer la paz de las personas. Se queja de que después de ser esposado sin ninguna necesidad, lo llevaron a un cuartito, junto a su compañero Veras Castro como si fueran viles delincuentes.
“El acta de arresto presentada es ilegal, lo grande de esto es el aparataje que se ha hecho para afectar personas que trabajan en la misma institución en la que ellos están. Como si fuéramos delincuentes internacionales, y que no somos localizables”.
Según el suspendido fiscal, el tribunal fue “sorprendido” con una petición de arresto y allanamiento a la empresa Cajas de Seguridad, ubicada en la plaza comercial Kennedy, donde se encontraron documentos que alega pertenecen a un primo suyo que es coronel.
“La solicitud de medida de coerción hace un relato de los hechos y la misma no está sustentada en los testigos que ellos están aportando. Esos testigos son investigadores y ninguno estuvo en el lugar de los hechos”.
Manifiesta que el fiscal Leónidas Suero no tenía nada que ver con el caso, sino que la orden de allanamiento fue firmada por él, luego de recibir información de que en el lugar que allanó se estaba traficando con drogas.
“Ellos alegan falsificación, sin embargo, yo firmé con mi firma de orden. Nunca le hemos atribuido a la DNCD que fueron los que actuaron con nosotros. Magistrados, eso es mentira, yo nunca he querido perjudicar a mis compañeros”, expresó.
El otro fiscal
Veras Castro expuso que él estaba allanando, pero cuando llegó al lugar, Díaz tenía su acto en la mano. “Yo duré 10 minutos en esa casa, y luego me fui, porque no se encontró nada”.
Alega que no tiene bienes, ni dinero, ni viviendas, y vive alquilado.
El coronel Valerio
El ex jefe de la DICAN, Carlos Fernández Valerio, lamentó que su nombre haya sido sujeto de tantas cosas en los últimos días.
“Sólo voy a pedir a Dios la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón, y la valentía de Josué para defenderme en este caso”.
Rechazó las cosas que se le han atribuido, como compra de apartamento, vehículos, y de que supuestamente andaba con megadivas, hiriendo con esos alegatos no sólo a sus cercanos, sino a su esposa e hijos.
“Tienen que andar con la cara cabizbaja por la persecución de la prensa y la mirada represiva de todo el mundo”.
Alega que la visita a su casa del teniente coronel Félix Humberto Paulino López fue para informarle sobre la existencia de una banda que se dedicaba a distribuir drogas envueltas en forma de huevo que reproducían en una máquina.
