CIUDAD DE PANAMÁ. La Fiscal Jefe de Panamá, Kenia Porcell, advirtió este miércoles de la posibilidad de que el escándalo internacional de la constructora brasileña Odebrecht quede impune, después de que una juez haya negado una prórroga para continuar con las investigaciones.
“El día de hoy (miércoles) he sido comunicada que el Órgano Judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso Odebrecht y obliga al Ministerio Público (Fiscalía General) a remitirlo”, dijo Porcell en un mensaje a la nación.
Aunque la fiscal no dio detalles, el diario La Prensa informó que el Juzgado Duodécimo penal negó una prórroga de dos meses que solicitó la Fiscalía Especial Anticorrupción para continuar con las investigaciones del caso Odebrecht, relacionadas con el pago de comisiones a través de bancos suizos.
La juez suplente, Lania Batista, ordenó a la Fiscalía remitir el expediente “para no caer en violación del debido proceso”, según La Prensa.
Para Porcell, esta decisión “provocaría impunidad” en este caso, por el que en Panamá hay 63 imputados, entre ellos “cinco exministros y dos familiares de un alto exfuncionario vinculados al recibo de por lo menos 60 millones (de dólares) de dinero público”, afirmó.
Por este escándalo también hay tres alertas rojas de prófugos de la justicia panameña y siete acuerdos de pena y colaboración en marcha, añadió la Fiscal.
Sin embargo, Porcell volvió a no dar nombres de los imputados ni detalles de las operaciones que adelanta contra tres administraciones: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y la actual de Juan Carlos Varela.
Martinelli, detenido en Miami por presunto espionaje y a la espera de ser extraditado a Panamá, está siendo investigado por múltiples casos de corrupción.
Varios de sus exministros han sido arrestados por el escándalo Odebrecht, mientras que dos de sus hijos y un hermano son sospechosos de haber participado.
Odebrecht, que acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia, reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos desde 2010 a 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos.
Porcell afirmó que esta investigación es de “alta complejidad” y lamentó que, al contrario que en Panamá, “se ha desarrollado en todos los países sin límites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación”.
