El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, evalúa aumentar las penas para delitos leves de drogas, en lo que sería el primer gesto del nuevo Gobierno para traer de vuelta las prácticas más duras de la llamada “guerra contra las drogas”.
El diario The Washington Post, que cita funcionarios del Gobierno, informó hoy de las medidas que estudia el Departamento de Justicia y que cambiarían la forma en la que se juzgaron estos crímenes durante parte del Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017).
Las nuevas medidas, si son adoptadas, cambiarían un memorándum de agosto de 2013 del exfiscal general Eric Holder que instruía a los abogados del Gobierno a no presentar cargos por drogas contra aquellas personas que pudieran recibir una condena que conllevara altas penas de prisión.
Los delitos de drogas en EE.UU. se juzgan actualmente de acuerdo con una ley de sentencias mínimas que establece penas de hasta 20 años de cárcel para pequeños traficantes de drogas.
Esos cambios los aprobó el Congreso en la década de 1980, pero, con el apoyo de un grupo de legisladores republicanos y demócratas, Obama trató de impulsar una reforma del sistema penal para acabar con esa ley de sentencias mínimas y con la saturación de las cárceles federales.
La reforma penal de Obama, que se estancó en el Congreso, incluía diferentes iniciativas, entre las que se incluyó ese memorándum de Holder para evitar las altas condenas a pequeños traficantes.
La medida solo podía beneficiar a los acusados que cumplían algunos criterios, como no pertenecer a una organización criminal de carácter trasnacional o a un cartel de narcotráfico.
El Departamento de Justicia no comentó los cambios divulgados por The Washington Post, pero uno de sus portavoces, Ian Prior, dijo a Efe que están revisando diferentes políticas del departamento y que tienen previsto notificar a sus abogados sobre cualquier cambio en el enjuiciamiento criminal.
“Como ha dicho el fiscal general, estamos revisando todas las políticas del Departamento de justicia para mantener a los estadounidenses seguros y daremos mayor orientación a nuestros fiscales para que ejecuten esta prioridad, incluyendo un memorándum actualizado sobre los cargos para los casos penales”, dijo Prior.
