BUENOS AIRES.- Un fiscal argentino pidió hoy que 29 exfuncionarios y empresarios declaren ante el juez en la causa en la que se busca determinar si hubo sobreprecios y sobornos en la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras, en el marco de las concesiones a la constructora brasileña Odebrecht.
El pedido, que el fiscal Federico Delgado remitió al juez Sebastián Casanello, se formuló con base en los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, informaron a Efe fuentes jurídicas.
La solicitud de citar como investigados alcanza a, entre otros, al extitular de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) Carlos Ben y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner.
En su dictamen, Delgado detalla los hechos por los que pide que sean investigados, que se refieren principalmente a la “colusión”
entre los empresarios y quienes representaron los intereses estatales, “que usaron la ley de un modo instrumental; es decir, para velar los delitos” de modo que hicieron un “uso particular” del Estado”.
La Justicia argentina investiga la supuesta implicación de la constructora brasileña en irregularidades y pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), aunque también hay una causa abierta contra el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por presuntos sobornos en 2013.
En el expediente por el que se manifestó hoy Delgado se investigan los pormenores en torno a la ampliación de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA.
Además, por otro lado se investiga la concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.
La firma admitió el pasado diciembre haber pagado en el país rioplatense alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que salpica tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.
El pasado 16 de junio, la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, y su par en Brasil, Rodrigo Janot, acordaron crear un equipo conjunto de investigación, formado por fiscales de ambos países, para investigar en forma conjunta las causas sobre la concesión de obra pública otorgada a la constructora Odebrecht.
