QUITO, ECUADOR, (AP).- El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, dijo el jueves que el vicepresidente Jorge Glas y el excontralor general recibieron 13.5 millones y 10.1 millones de dólares en sobornos, respectivamente, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
En el segundo día de la audiencia de preparación de un juicio penal por asociación ilícita para delinquir, el fiscal explicó que los sobornos buscaban asegurar la adjudicación de cinco grandes contratos estatales entre el 2012 y el 2016, periodo en el que un tío de Glas actuó como intermediario. Ambos, junto a otros 11 exfuncionarios públicos, están acusados como autores de ese delito.
Para sustentar tales afirmaciones el acusador presentó al tribunal 28 pruebas contra Glas y 39 contra el tío.
Este es uno de los procesos legales en que está implicado el vicepresidente, quien es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.
El excontralor Carlos Pólit, quien renunció en junio de este año y se fue a Estados Unidos, presuntamente recibió las coimas por emitir informes favorables para esa empresa brasileña.
En el primer día de audiencia, Baca se abstuvo de acusar a otros cinco implicados, un ecuatoriano y cuatro altos ejecutivos brasileños de Odebrecht, entre ellos quien actuó como delator de la trama de corrupción, José Conceição dos Santos.
Debido a sospechas de corrupción, el presidente Lenín Moreno despojó a Glas, que guarda prisión, de todas las funciones administrativas desde inicios de agosto.
La compañía brasileña reconoció que entregó 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente el procurador Diego García aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado los 50 millones.
A pesar de su situación legal, Glas sigue siendo vicepresidente debido a que la ley en Ecuador dispone que ese cargo sólo queda vacante por renuncia, luego de tres meses de abandono del cargo o por decisión de las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea tras un juicio político, donde el partido de gobierno tiene mayoría con 74 miembros del total de 137 legisladores.
