Una firma jurídica internacional denunció en Estados Unidos que el sistema de Justicia de la República Dominicana está totalmente subordinado a los intereses de un sector político controlado por el ex presidente Leonel Fernández, en abierta connivencia con el líder del sector minoritario del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, asegurando que la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la doctora Geanilda Vázquez confirma que ese órgano actúa por encargo de un poder extrajudicial.
“La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, y el presupuesto básico para que puedan aplicarse las garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En República Dominicana hoy día, la mayor amenaza a la institucionalidad democrática es la influencia del PLD sobre los altos tribunales del país, a los que ha convertido en un instrumento de sus estrategias politico-electorales”, expresa un comunicado de prensa emitido en la capital norteamericana por los abogados Jaime Aparicio y Bjorn Arp, de la firma Aparicio, Arp & Asociados, de Washington.
Al definir como nefasta la actuación de la Justicia Dominicana en la expulsión ilegal de prominentes dirigentes del PRD, los juristas afirman que “en todas las reclamaciones presentadas por la corriente del PRD controlada por Vargas los tribunales fallan a su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por los miembros del PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido, el Tribunal falla en su contra”.
Y agrega que “cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión constitucional, este recurso ha seguido sin fallo alguno en el Tribunal Constitucional por más de un año, a pesar de la norma que fija el plazo para una decisión de admisibilidad por un mes”.
Sin embargo, apuntan los abogados, “cuando se trata de una demanda de suspensión de ejecutoriedad presentada por la fracción de Vargas, en pocas semanas el TC resuelve contra una sentencia de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que ordenó reponer a Geanilda Vásquez como Secretaria General del PRD”.
Aseguran que el caso de la doctora Vásquez muestra el grado de subordinación de éste órgano judicial a las estrategias políticas de Leonel Fernández para destruir al PRD.
“El Tribunal Constitucional decidió suspender la ejecución de dicha sentencia bajo el insólito argumento de que “el daño consistiría en una afectación directa a la seguridad jurídica y a la certeza de los asuntos electorales”. Olvida el TC que lo que afecta al Estado de Derecho en República Dominicana ha sido la expulsión ilegal y abusiva de miembros de la Comisión Política del PRD mediante una confabulación entre el partido de gobierno, Miguel Vargas y los tribunales de justicia bajo control del PLD”
Dicen denuncias no cesarán
Tras señalar que una democracia estable sólo puede darse donde hay alternancia en el poder, igualdad de condiciones para la participación política, división de poderes y partidos políticos”, los juristas manifiestan que las denuncias internacionales no cesarán hasta que se restablezca el estado de derecho en la República Dominicana.
El doctor Aparicio ha sido Presidente del Comité Jurídico Interamericano, asesor del ex Presidente Colombiano y pasado Secretario General de la OEA Cesar Gaviria. También ha representado al ex Presidente Carter en Nicaragua y Ecuador; mientras que doctor Bjorn Arp es profesor de varias universidades en Washington, Madrid, Colombia y Ecuador y ha escrito varios libros sobre los derechos humanos.
El grupo legal representa internacionalmente al ex presidente Hipólito Mejía; al pasado candidato vicepresidencial, Luis Abinader; al ex presidente del Senado, Andrés Bautista García; al dos veces secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; y a la secretaria nacional de organización de ese partido, Geanilda Vásquez.
Confabulación antidemocrática
Según los representantes de la firma jurídica internacional, “los hechos demuestran que en Republica Dominicana se viene desarrollando un paulatino y sistemático proceso de acumulación de poder, a través de un sistema judicial, electoral y de control constitucional hecho a medida del partido de gobierno, cuyo fin es la perpetuación en el poder, mediante la inhabilitación de los candidatos de la oposición.
En ese sentido recordaron que en octubre de 2009, el entonces Vice Presidente del PRD, Luis Abinader, había llamado la atención sobre éstas amenazas a la democracia dominicana, “La reforma constitucional no representa la voluntad de la nación, sino la de los grupos particulares que se han puesto de acuerdo para hacerse un traje a medida por el acuerdo de aposento entre Leonel Fernández y Vargas Maldonado.”.
La versión de prensa del comunicado emitido por la firma Aparicio, Arp & Asociados de Washington, fue dada a conocer en el país por la oficina de comunicación del licenciado Luis Abinader.
