El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, indicó que las atribuciones del Congreso como contralor de los actos del Poder Ejecutivo le permiten hasta destituir al Presidente a través del juicio político si se niega a cumplir con sus obligaciones, citando como una falta gravísima que podría llevar a juicio político al presidente Danilo Medina, la falta de asignación en el presupuesto del 4% para el sector de la educación.
Sobre la corrupción administrativa Castaños Guzmán explicó que el control y supervisión del Estado recae sobre el Congreso quien recibe anualmente de la Cámara de Cuentas los informes como órgano rector de las finanzas del estado.
Se quejó de la inercia del congreso a ejercer su función de control y supervisión que le atribuye la constitución para la aprobación de los impuestos, los préstamos y hasta el presupuesto, siendo a este organismo que el Presidente está obligado a rendir cuentas anualmente.
Señaló que la persecución de la corrupción es algo tan simple como investigar a quiénes no pueden justificar su riqueza.
