La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) pidió al Poder Legislativo a prestar atención a los reclamos y necesidades presupuestarias de los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia del país.
La entidad cívica dijo que en el marco de los esfuerzos que se han realizado para su fortalecimiento, a partir de la reforma Constitucional del 2010, las instituciones las cortes requieren de un presupuesto justo.
“FINJUS entiende que es contraproducente que tras la creación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, estos organismos confronten la amenaza de limitar significativamente sus actividades e iniciativas por la decisión de recortar su presupuesto para el 2013, contraviniendo la autonomía presupuestaria de dichos órganos, tal como consagran los artículos 149 y 184 de la Constitución”.
En un documento bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que el caso del Tribunal Constitucional, la propuesta de Presupuesto Nacional le asigna el monto de RD$ 500 millones, lo que significa RD$ 127 millones menos que lo solicitado por ese órgano, en base a su planificación estratégica y los diagnósticos de necesidades realizados.
En ese sentido, considera que esta disminución representa un 20 por ciento, lo que limitaría las iniciativas de ese importante órgano de control constitucional, que en la actualidad no cuenta con la logística e infraestructura adecuadas, lo que pone en tela de juicio la capacidad del Estado de cumplir con los compromisos que asumió al reformar la Constitución.
“En semejante situación se encuentran otros órganos del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En cuanto a las dos primeras, la Ley 194-04 les asigna el 4.10 por ciento del presupuesto nacional, lo que ha sido reiteradamente inobservado en los últimos años. En el 2012 el monto que les correspondía a ambas fue reducido en un 45% en promedio. Recientemente se anunció que el monto contemplado en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso solo aumenta al Poder Judicial 450 millones, lo que significa que dejaría de percibir $ 3,527 millones, es decir, un 45 por ciento menos que lo debe recibir legalmente.”
En tanto que en el caso de la Defensa Publica, que es un órgano clave del sistema de administración de justicia penal, se encuentra trabajando con un déficit presupuestario de RD166 millones, que representa un 40 por ciento.
Agrega FINJUS que en esas condiciones, el servicio de defensa pública ante los tribunales penales, que es servido a más de quince mil ciudadanos acusados de la comisión de delitos y que no tienen recursos para pagar un abogado, se convertiría en un grave problema que acarrearía que miles de familias verían retrasada la posibilidad de una justicia pronta y cumplida.
El sistema de justicia, desde el Tribunal Constitucional hasta el más modesto de los Juzgados de Paz en todo el país, sufrirían un retroceso de incalculables repercusiones si el Presupuesto Nacional del 2013 no atiende adecuadamente sus necesidades, porque los servicios que esas instituciones prestan a la democracia y al sostenimiento del desarrollo y el orden son esenciales para la vida civilizada y el clima de convivencia pacífica que el país requiere.
