SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó la atención ante lo que a su juicio es una deficiente aplicación a cabalidad de un régimen de consecuencias cuando un funcionario, juez o fiscal comete una falta que puede acarrear sanciones penales, frente a lo que los organismos estatales se limitan a la destitución.
“Observamos con gran preocupación la reiterada costumbre de alejar a funcionarios de sus cargos como una forma de inhabilitación, y pese que en algunos casos son conductas que merecen consecuencias ejemplarizantes, solo se procede a su destitución, con lo que se cubren ciertos comportamientos con un manto de impunidad”, apunta Finjus en un comunicado.
Destacó como “un asombro” para la sociedad dominicana que “organismos claves de nuestro ordenamiento jurídico, como el Poder Judicial, el Ministerio Público u otros órganos estatales, tienen por norma la simple destitución de jueces, fiscales o funcionarios que han faltado en el ejercicio de sus funciones”.
La organización civil recordó que las leyes de Carrera Judicial (327-98), del Ministerio Público (133-11) y de Función Pública (41-08) establecen normativas disciplinarias y de sanción que en los distintos casos conocidos a través de los medios de comunicación parecen obviarse en las situaciones que ameritan.
“Consideramos que, además de que se verifica la legalidad de un mandato dentro de una norma, los organismos encargados de aplicarla deben esforzarse para que las sanciones que se contemplan en cada caso, cuando sea procedente, no se queden en la simple inhabilitación temporal y que se realicen las investigaciones pertinentes que sustenten ante cada hecho las posibles persecuciones penales y las sanciones administrativas serias, cuando así lo amerite”, puntualiza Finjus.
También enfatiza la necesidad de que estas penalidades y sanciones sean aplicadas, en los casos que sean necesarios, bajo el principio de igualdad para todos los funcionarios del Estado.
“Confiamos en que el tejido social irá retomando una mirada de mayor profundidad y el imperio de la ley volverá a formar parte de la habitualidad de nuestro relacionamiento frente al Estado”, señala la institución en un comunicado.
