El Plan de Desarrollo Turístico en la provincia Pedernales anunciado el jueves por el gobierno no pone fin al proceso judicial que inició hace varios años en la jurisdicción inmobiliaria en busca de la nulidad de los títulos expedidos a particulares en Bahía de las Águilas, contrario al acuerdo transaccional que se elaboró en el 2013, que luego fue revocado por el presidente Danilo Medina por el rechazo que concitó.
El acuerdo que se firmaría en el 2013 con los poseedores de las propiedades, contemplado en el decreto 07-13, buscaba poner fin a la litis sobre terrenos registrados que sometió el gobierno.
En esa oportunidad se estableció que el Estado y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) desisten de la demanda en contra de las per sonas que poseen derechos registrados y a su vez renunciaba a las oposiciones al traspaso de los certificados de títulos. Los terrenos que entraban en el acuerdo tenían que estar libres de conflictos legales.
Sin embargo, en el decreto 186-15, que instituyó el denominado “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales o Fideicomiso DTPRD”, el gobierno no desiste de la demanda de nulidad de los títulos, que actualmente se conoce en el Tribunal Superior de Tierra en la fase de apelación.
Ese decreto establece, en el artículo 10, que de los beneficios que deba percibir el Estado dominicano, se deberá constituir un fondo de garantía, destinado a salvaguardar los derechos de aquellas personas que pudieren obtener ganancia de causa en la litis sobre derechos registrados, en lo relativo a terrenos ubicados dentro del ámbito de la zona a desarrollar.
Según lo estipulado ahora, ese fondo será desembolsado únicamente ante una decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, cuando intervenga una sentencia definitiva, con lo cual el gobierno al parecer tiene el interés de que el caso sea concluido por los tribunales.
Mediante el decreto 07-13, de fecha 15 de enero del 2013, el presidente Danilo Medina otorgó poder al consultor jurídico, César Pina Toribio, para que dirija el acuerdo transaccional, pero en esta ocasión el poder fue otorgado al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para que suscriba el contrato constitutivo del fideicomiso anunciado el jueves mediante el decreto 186-15, pero con fecha del 5 de este mes.
Se recuerda que el gobierno decidió apoderar a la jurisdicción inmobiliaria en el 2013, luego del rechazo que recibió el acuerdo transaccional que suscribiría el gobierno con los poseedores de los terrenos, que recibirían el 45 por ciento de los beneficios.
Ese acuerdo fue anunciado el 18 de febrero de 2013, pero desestimado pocos días después, luego del Presidente hacer consultas con diferentes sectores, algunos de los cuales se opusieron a que el Estado pague por los terrenos de su propiedad, que estaban en manos de particulares.
Durante el anuncio del Plan en el Palacio Nacional, antes de anoche, el ministro de la Presidencia dijo confiar que durante la audiencia que se celebrará el próximo lunes, el Tribunal Superior de Tierra ratifique la sentencia de la Octava Sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción Original, que revocó los títulos otorgados a particulares en Bahía de las Águilas.
