BUENOS AIRES.- Altos cargos del Gobierno argentino han calificado este sábado de “disparate” la petición de imputación a Cristina Fernández, solicitada por un fiscal a raíz de la denuncia por encubrimiento presentada por el fallecido Alberto Nisman, y han reclacado que no hay pruebas para citar a la presidenta a declarar.
Por su parte, la presidenta argentina ha evitado referirse a dicha petición en su primer acto público tras el anuncio del fiscal Gerardo Pollicita, mientras que la oposición exigie que se ponga a disposición de la justicia. Pero el oficialismo ha vuelto a cerrar filas alrededor de la mandataria y ha arremetido contra el Poder Judicial.
Sin embargo, el secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández ha defendido que “no hay elementos para llamarla a indagatoria”, en declaraciones a Radio Diez.
El secretario general ha sostenido que “la ley que maneja los fueros de los funcionarios dice que con toda claridad que cualquiera puede ser citado a indagatoria. Tiene que haber elementos más que claros y eventualmente si no se presentara a la indagatoria recién en ese caso se podrá pedir el desafuero o juicio político, sin saber el resultado”.
Aníbal Fernández restó importancia a al requerimiento de instrucción presentado por Pollicita contra la mandataria, el canciller, Héctor Timerman, y varios colaboradores, por presunto encubrimiento a terroristas.
Desde la oposición, han vuelto a aplaudir el anuncio de Pollicita y han pedido la comparecencia de Fernández ante la Justicia.
“Lo menos que tiene que hacer la Justicia es lo que ha hecho, y lo menos que tiene que hacer la presidenta es presentarse a declarar y ponerse a disposición de la Justicia”, ha indicado el senador radical Gerardo Morales.
Morales ha destacado que la jefa de Estado debería haberse presentado a declarar “el lunes siguiente de la muerte de Nisman, y poner a disposición todo el Gobierno”.
“Confabulación” de distintos grupos
La petición de imputación responde a la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su muerte por un tiro en la sien en circunstancias aún no aclaradas.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, señaló a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Aníbal Fernández ha manifestado también que la petición de imputación de un fiscal “no significa nada” ni es “una cosa gravosa” y calificó de “impresentable” la denuncia presentada por Nisman.
En el mismo sentido se pronunció el ministro de Interior y precandidato presidencial oficialista, Florencio Randazzo, quien calificó de “disparate” la decisión de Pollicita y cargó contra el Poder Judicial.
Por su parte, el ministro de Defensa y también precandidato oficialista, Agustín Rossi durante un acto público ha asegurado que “detrás del lamentable fallecimiento de Nisman, hay una profunda confabulación por parte de grupos económicos, políticos y mediáticos que buscan producir un desgaste a la figura de la presidenta”, según un comunicado.
