ISLAMABAD.- El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, aseguró este martes que Washington y Teherán están cerca de alcanzar «algún tipo de acuerdo» para desescalar el conflicto en el golfo Pérsico, en declaraciones a la agencia Bloomberg recogidas por Reuters.

«Las cosas vuelven a encaminarse hacia un acuerdo de paz o un pacto. Las señales de los últimos dos o tres días indican que estamos cerca de llegar a algún tipo de acuerdo», afirmó Asif.

El anuncio contrasta con la retórica beligerante de las últimas semanas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el estancamiento de las conversaciones indirectas.

MEDIADORES CLAVE

Pakistán ejerce junto a Qatar y Omán como mediador en unas negociaciones que se desarrollan sin contacto directo entre las partes. Según fuentes diplomáticas, Doha y Muscat trabajan en un memorando de entendimiento provisional que permitiría reabrir el tráfico comercial en Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Un alto cargo paquistaní había señalado previamente que su país mantiene conversaciones con ambas delegaciones para lograr que acepten, al menos, sentarse a negociar.

CONDICIONES CRUZADAS Y COMPENSACIONES ECONÓMICAS

El acercamiento llega en medio de exigencias cruzadas de indemnización. Irán condiciona cualquier reapertura a que Estados Unidos cumpla varias demandas, entre ellas el pago de una indemnización, el fin de las sanciones y el desbloqueo de sus fondos congelados en bancos extranjeros, valorados entre 6.000 y 12.000 millones de dólares.

Teherán sostiene que el acuerdo provisional sobre Ormuz con Omán está en «fases finales», pero insiste en que la vía navegable no se reabrirá hasta que Washington acepte sus condiciones.

Del lado estadounidense, Trump respondió en la víspera exigiendo a Irán compensaciones por «todas las personas que ha matado» y sugirió que podría endurecer aún más la presión económica sobre Teherán en lugar de recurrir a nuevos ataques aéreos.

ACUERDO PROVISIONAL

A pesar del optimismo expresado por Islamabad, fuentes cercanas a la negociación advierten que no está claro que la última ronda derive en un acuerdo duradero. La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado que la reapertura depende exclusivamente de que EE.UU. acepte las condiciones iraníes, mientras que Washington ha vinculado cualquier levantamiento del bloqueo de puertos a que Irán cumpla sus compromisos de no interferir en la navegación comercial.

El Gobierno de Colombia ha declarado este lunes la situación de «desastre nacional» tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el noroeste del país y que ha dejado hasta el momento más de 70 muertos.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión durante un encuentro del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, establecido durante la jornada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordinar la respuesta al seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos.

Así lo ha anunciado la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia –presidida por el alcalde de Bogotá, Carlos Galán–, que ha participado en la reunión.

Según las autoridades locales, hasta el momento han muerto 71 personas en distintos departamentos, siendo los de Risaralda y Valle del Cauca los más afectados.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

SANTO DOMINGO.– Este martes el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional comienza el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, alias “Jochi Gómez” y los demás imputados en el denominado caso Camaleón.

El proceso llega a la etapa de juicio de fondo luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiera la acusación presentada por el Ministerio Público y dictara apertura a juicio contra los encartados.

LA ACUSACIÓN

De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Beras al frente del Intrant se habría estructurado una red destinada a defraudar al Estado, lavar activos y propiciar la colusión de funcionarios públicos, mediante el uso de supuestas empresas de fachada para desviar recursos estatales.

Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar realizó modificaciones a la acusación presentada originalmente y mantuvo los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.

Sin embargo, fueron excluidas las imputaciones de terrorismo y contrabando que habían sido formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al determinarse la existencia de inconsistencias técnicas en su planteamiento.

El juicio permitirá al tribunal conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las partes, así como los argumentos de las defensas, para determinar la responsabilidad penal o no de los acusados en los hechos que les atribuye la acusación.

Liranyi Alonso en el atletismo y Brenda Castillo en voleibol serán las atletas que más beneficios recibirán por sus respectivos desempeños.

De forma distribuida, por las medallas individuales, se pagarán RD$26,200,000.00 por el oro; RD$12,800,000.00 por la plata y RD$14,700,000.00 por el bronce. En total las medallas individuales serán premiadas con 53 millones, 700 mil pesos; los de conjunto con RD$18,400,000.00 y las federaciones con un total de RD$15,4000,000.00.

Eso arroja una cifra general de RD$75,500,000.00. El número se elevará sin dudas, dado que en este caso no se contabiliza a los entrenadores. La cantidad de entrenadores resulta imprecisa.

Los manejadores serán premiados con RD$200,00.00 por el oro; RD$100,000.00 por la plata y RD$75,000.00 por el bronce y solo se pagará la medalla mayor. Distinto de los atletas, los logros de los entrenadores no son acumulativos.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, que dirige Kelvin Cruz, anunció la entrega de los incentivos el pasado 15 de julio, en el cual se premiaría a los medallistas individuales de oro con RD$300,000.00; los de plata con RD$150,000.00 y los de bronce con RD$100,000.00.

El gobierno cubano ratificó las condenas de 14 y 13 años de prisión impuestas a los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, tras rechazar el recurso de casación presentado en su caso, informó la organización Cubalex.

El máximo recurso confirmó las sanciones impuestas en 2025: 14 años de privación de libertad para Tristá Padilla por los delitos de «propaganda contra el orden constitucional» y «otros actos contra la seguridad del Estado», y 13 años de prisión para Varona Agüero por el presunto delito de «otros actos contra la seguridad del Estado».

Actualmente, Ana Ibis permanece recluida en la prisión de mujeres La Veguita, en Las Tunas, mientras que su esposo cumple condena en la prisión provincial El Típico, en esa misma provincia.

ORGANIZADORA DE MARCHA QUE NUNCA SE REALIZÓ

Según la acusación de la Fiscalía, Tristá Padilla, de 37 años, fue señalada como la principal organizadora de una marcha pacífica convocada en Las Tunas que nunca llegó a realizarse.

La opositora fue detenida el 7 de noviembre de 2023 y acusada de colocar carteles con contenido político y de planificar el lanzamiento de cócteles molotov en la ciudad.

Sin embargo, tras varios meses de prisión provisional, tanto ella como Varona Agüero fueron absueltos por falta de pruebas. El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba concluyó entonces que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para sostener una condena.

Esa decisión fue posteriormente impugnada por el fiscal Adán Vicente Santos Santos, quien recurrió la absolución. Como resultado, se celebró un nuevo proceso judicial que culminó con las condenas de 14 y 13 años de prisión dictadas en 2025, ahora confirmadas mediante el recurso de casación.

Cubalex denunció que el caso constituye un ejemplo del uso del sistema de justicia penal para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales.

La solicitud fue depositada ante la jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

El caso será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, quien deberá notificar a la defensa de los imputados y a los abogados que representan al Estado dominicano, además de fijar una audiencia para conocer la petición.

Junto a Santiago Hazim figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma.

Los cinco primero guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma, se encuentra bajo arresto domiciliario.

También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario y quienes ya habían admitido ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones. Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, y falsificación y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades que atraviesan estos momentos difíciles”, sostuvo el mandatario en la red social X (@luisabinader) .

Indicó que la República Dominicana está junto a Colombia y permanece dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia que sean necesarios.

También el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Roberto Álvarez, envió un mensaje en su cuentra de esa red social: “Lamentamos profundamente las víctimas y los daños ocasionados, y seguimos de cerca la evolución de esta situación”,

El presidente Abinader participó el pasado viernes en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de la República de Colombia, en la que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia para el período 2026-2030.

El mandatario dominicano asistió al acto oficial acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

La ceremonia se celebró en horas de la tarde, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, delegaciones oficiales y representantes de organismos internacionales.

Declaran situación de desastre nacional

Ayer el gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional”, tras contabilizar al menos 132 personas fallecidas y 570 heridos, una cifra que se prevé aumente en las próximas horas, además del derrumbe de decenas de edificios en varias ciudades del centro del país y daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

Un cable de la agencia EFE señala que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

“A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, dijo De la Espriella en Bogotá, en su primera declaración pública tras el terremoto, en la que declaró el “desastre nacional” en todo el país.

El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

Sostuvo que De la Espriella viajaría en la tarde a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender “personalmente” la emergencia, mientras que otros miembros de su gabinete se desplazarán al departamento del Valle del Cauca y al Eje Cafetero, las zonas más afectadas por el sismo.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó el mandatario, que está en su tercer día de Gobierno tras haber asumido el cargo el pasado viernes, 7 de agosto.

Vuelos normales

Nuestro corresponsal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Rafael Castro, resenó que las operaciones de vuelos entre República Dominicana y Colombia se mantenían con normalidad, particularmente los que parten desde Santo Domingo hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, principal terminal.

BOCA CHICA, República Dominicana, 10 de agosto .– El presidente Luis Abinader, acompañado de los integrantes del Gabinete Eléctrico, supervisó los trabajos de construcción de la generadora San Felipe Andrés I, en Punta Caucedo, una termoeléctrica que aportaría 467 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional.

Fueron recibidos por Héctor José Rizek, Javier Tejada, Samir Rizek y Edgar Pichardo, representantes de Nexgen Capital y Generadora San Felipe.

La nueva planta está concebida para fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país, responder al crecimiento sostenido de la demanda y contribuir a garantizar mayor estabilidad y holgura energética.

Durante el recorrido, Abinader calificó la central como una de las más eficientes y destacó la rapidez con que avanzan los trabajos de construcción.

“El Gobierno se ha preocupado por dejar al país en tranquilidad en la parte de generación energética”, afirmó.

RIZEK: GOBIERNO HABRÁ INSTALADO 2,500 MW DE GENERACIÓN 

Héctor José Rizek, socio de Nexgen Capital y de Generadora San Felipe, empresas desarrolladoras del proyecto, afirmó que al concluir los ocho años de gestión del presidente Abinader se habrán instalado alrededor de 2,500 MW de nueva generación termoeléctrica, lo cual permitirá duplicar la capacidad de generación que tenía el sistema eléctrico dominicano en 2020.

Destacó que la entrada en operación de la nueva central permitirá al país disponer de una mayor holgura energética, con una reserva estimada de entre 15 % y 20 %.

Explicó que esta capacidad adicional favorecerá la atracción de nuevas inversiones, contribuirá a reducir los costos asociados a las actividades productivas y facilitará el proceso de transición energética.

Javier Tejada, también socio del proyecto, sostuvo que el presidente Abinader ha promovido una renovación de la base de generación eléctrica del país.

Tejada y Rizek agradecieron el respaldo recibido del Gobierno y resaltaron la institucionalidad y  respeto a las leyes durante los procesos de licitación y adjudicación.

PROYECTO PRESENTA UN 92 % DE AVANCE

La generadora San Felipe Andrés I está proyectada para entrar en funcionamiento en mayo de 2027. Se se estima que aportará aproximadamente el 13 % de la demanda anual de energía del SENI.

Durante la visita, las autoridades pudieron constatar que la ejecución de la obra alcanza un 92 %, en un proyecto que contempla la construcción de una central de ciclo combinado a gas natural y las infraestructuras necesarias para su conexión al sistema eléctrico nacional.

En el recorrido también participaron Alfonso Rodríguez, administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), y Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.

Observaron componentes fundamentales de la central, entre ellos las turbinas de gas y vapor, la caldera de recuperación de calor, las torres de enfriamiento, la planta de tratamiento de agua, los transformadores, la subestación y el cuarto de control.

CENTRAL DE ALTA EFICIENCIA

Ubicada en Punta Caucedo, la generadora San Felipe Andrés I ha sido diseñada como una central de alta eficiencia, con un rendimiento neto de 64 % en ciclo combinado y un heat rate de 6,307 BTU/kWh.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana.

El proceso inicia luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenará la apertura a juicio contra los encartados.

Según el expediente acusatorio, durante la gestión de Beras al frente del Intrant se había estructurado una red orientada a defraudar al Estado, lavar activos y coludir a funcionarios públicos, valiéndose de supuestas empresas de fachada para desviar fondos públicos.

Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar introdujo ajustes a la acusación original, y mantuvo de manera definitiva los cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.

Mientras que fueron descartadas las imputaciones de terrorismo y contrabando formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al considerarse que existían inconsistencias técnicas en su formulación.

Imputados y sus respectivos equipos de defensa

El juicio de fondo sentará en el banquillo de los acusados a los implicados, quienes cuentan con un amplio equipo de abogados para sus medios de defensa.

Gómez Canaán , Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L, serán defendidos por Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.

Mientras que Hugo Beras, será asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, Jennifer Gómez Caraballo e Ivan Chevaleár.

Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Excoordinador de Despacho del Intrant), asistido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Exdirector de Tecnología del Intrant), defendido por Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Exdirector Administrativo del Intrant), asistid por Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.

Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L, defendidos por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.

Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L, asistidos por Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.

Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L.: representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha.

Henry Darío Féliz Casso, asistido por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares.

Empresa Dekolor S.R.L, defendida por Vicmary García y Marino Féliz Rodríguez.

“La Administración Trump destina 15,5 millones de dólares a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto”, indicó en X el Departamento de Estado de Estados Unidos, aliado del flamante gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella.