El Observatorio Político Dominicano (OPD), una entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), publicó un análisis en el que revela que la reasignación de diputados es posible siempre que vaya acorde al número de habitantes de cada provincia.
El estudio, realizado por la Unidad de Poder Legislativo del OPD-Funglode, verificó como “válida” la sugerencia de la Junta Central Electoral (JCE) de disminuir y aumentar la cantidad de congresistas en algunas demarcaciones.
“De acuerdo a la Constitución dominicana, se elegirán 178 legisladores y, en ningún caso, serán menos de dos por provincia”, señala la investigación, agregando que de esta forma habría una correcta representación de la población que vota por ellos, por lo que plantea adecuar los diputados a la cantidad de habitantes registrados en el Censo de 2010.
Diputados por provincia
El documento denominado “Redistribuir a los diputados, ¿es posible?”, indica que la Cámara Baja, de forma desagregada con la aplicación de la Resolución 6/2015, debía tener la siguiente división: Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, Hermanas Mirabal y El Seibo, dos diputados cada una (14 %); Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Peravia, tres (8.4 %); Azua, Barahona, Monte Plata, La Romana y La Altagracia, cuatro (11 %).
La autora de la investigación y coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo del OPD-Funglode, Flor Batista Polo, añade que San Juan de la Maguana y Espaillat tendrían cinco (5.6 %); Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Duarte, seis cada una (10.1 %); La Vega, ocho (4.5 %); San Cristóbal, 11 (6 %); Santiago y Distrito Nacional con 18 respectivamente (20.2 %) y Santo Domingo con 36 diputados (20.2 %).
Sin embargo, el diagnóstico resalta la reducción de un diputado a San Cristóbal (10), La Vega (7), San Pedro de Macorís (5), Duarte (5), San Juan (4), Espaillat (4), Barahona (3) y Monte Plata (3).
Mientras que según el crecimiento poblacional observado en el Censo 2010 provincias como Santo Domingo (43) y La Altagracia (5) aumentarían la cantidad de legisladores para las mencionadas elecciones.
Método recomendado
Para los fines planteados por la JCE, el OPD-Funglode recomienda utilizar el Método D’Hondt, el cual divide el número de votos obtenidos por cada partido entre la cantidad de cargos electivos con los que cuenta cada circunscripción. De esta manera, los escaños se van asignando a los partidos con mayor número de votos.
Esta forma se ha aplicado en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Batista Polo comenta que en República Dominicana se aprovechó este procedimiento en las elecciones del 15 de mayo de 2016 en la provincia Barahona.
“Este sistema presenta un umbral de 3 a 5 %, esto quiere decir, que excluye a los partidos políticos que no alcanzan estos porcentajes. Esto implica que, en las provincias con mayor número de habitantes, los partidos minoritarios jamás ganarían un curul puesto a que no tendrían una gran cantidad de votos. Este aspecto explicaría por qué en la Cámara de Baja los Diputados de los partidos pequeños son tan reducidos. A penas el 1.6 % del total de legisladores corresponde a alguno de estos partidos”, enfatiza la investigadora.
Batista Polo explica que por el momento se esperan los comentarios de los partidos políticos respecto a esto y que la JCE los convoque a audiencia pública, aunque algunos diputados han externado sus opiniones con relación a la reasignación de legisladores.
Constitucionalidad
En el estudio, el OPD-Funglode explica que la redistribución obedece al artículo 81 de la Constitución que sustenta que la Cámara de Diputados deberá estar compuesta por 178 legisladores electos por circunscripción territorial en proporción a la densidad poblacional; cinco diputados nacionales por acumulación de votos y siete representantes de las comunidades de dominicanos en el exterior, como ha sido planteado.
Al respecto, el OPD-Funglode recomienda tomar en cuenta establecer mecanismos que regulen igualitariamente la repartición de escaños sin generar consecuencias que vulneren la estabilidad y representación de otras demarcaciones.
