Llegó a su etapa final la fase preparatoria para el juicio de fondo del caso Odebrecht, con la presentación este miércoles del último incidental del acusado, Conrado Pitaluga Arzeno, a cargo de sus abogados.
Este martes la defensa del profesional del derecho presentó tres incidentales, uno de los cuales es la intervención telefónica de Manuel Pittaluga Vicioso, abogado e hijo del imputado.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó para las 3:00 de la tarde de este miércoles la continuación del proceso, con horarios estrictos para cada una de las exposiciones.
Para que la defensa técnica del abogado Conrado Pittaluga Arzeno concluya con la presentación de sus incidentes, dio una hora.
El resto de las defensas, si lo desean, de referirse a las excepciones e incidentes presentados en las otras defensas, tendrán no más de 30 minutos.
Luego el tribunal concederá la palabra al Ministerio Público para que se refiera a todas las peticiones.
La defensa de los seis imputados ha solicitado cierre el del caso y quitar cualquier medida que pese en su contra.
Niega intervenciones
El Ministerio Público negó que los teléfonos de Manuel Pittaluga Vicioso fueran intervenidos y dijo que no han vulnerado derechos de ninguna defensa en el proceso.
De su lado, el miembro de la defensa de Conrado Pittaluga Arzeno, Santiago Rodríguez, denunció que a uno de los abogados de la barra le intervinieron su número de teléfono sin que este supiera nada.
“Si eso no es violar los derechos fundamentales, yo quiero que me digan qué es violar los derechos fundamentales”, manifestó.
Dijo que todas las resoluciones sobre el tema están ahí, autorizadas por la compañía Claro.
Los imputados por el caso Odebrechet son el empresario Ángel Rondón; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el senador Tommy Galán Grullón y el ex director del IAD, Roberto Rodríguez.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan. Al empresario Ángel Rondón se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
