Los apresamientos de funcionarios del pasado gobierno que realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por presunta corrupción administrativa no deben sorprender a nadie.
Así lo afirmó Faride Raful, senadora del Distrito Nacional por el partido oficialista, quien durante su ejercicio como diputada en la administración gubernamental pasada, realizó varias denuncias de irregularidades.
“Muchos años denunciando. Presentando pruebas que bien podían haber sido analizadas en los órganos competentes, con la finalidad de obtener transparencia y legalidad”, dijo Faride.
Bajo el nombre de “Operación Antipulpo”, las autoridades judiciales encabezan la persecución de exfuncionarios, así como de “proveedores privilegiados y testaferros”.
Hasta este viernes, 10 personas se encuentran bajo arresto, incluidos Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez.
Además, hoy interrogaron a la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y a Yocasta Guzmán, exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, quienes han comparecido en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Pepca.
El presidente Luis Abinader envió un comunicado ayer a sus funcionarios con respecto a la actuación reciente del Ministerio Público en el que les exhorta a no generar un “circo con la persecución ni un espectáculo” con los casos de investigaciones de corrupción que se han llevado a cabo.
Le recomendó a su Gobierno no dejarse arrastrar “por el barro, porque la justicia no es venganza” y aprovechó para advertir que “quien cometa un acto ilícito nadie le protegerá. “Sea quien sea”. Dijo, que ya dio su palabra a todo al país de que así actuará.
