Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México pidieron hoy al Gobierno que intensifique y profesionalice la búsqueda de los jóvenes, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre, cuando fueron detenidos por policías de Iguala.
En una rueda de prensa convocada por Amnistía Internacional (AI), los familiares denunciaron que las investigaciones no se están haciendo de un modo adecuado y que el Gobierno está tratando de desviar la atención hacia el crimen organizado, cuando quienes atacaron a los jóvenes fueron policías.
“Acudimos al Gobierno federal para que intervenga y haga la búsqueda a los jóvenes en toda la región norte que corresponde a Iguala. Sabemos que ahí están los jóvenes y esa es la exigencia, una búsqueda intensiva”, dijo Melitón Ortega, familiar de uno de los desaparecidos.
Ortega acudió junto con otro familiar y un representante de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa a la conferencia de prensa para exigir la presentación “con vida” de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y denunciar que “no ha habido una investigación seria” por parte del Gobierno estatal.
En nombre de los familiares, exigió atención y reparación de daños a los heridos que permanecen en el hospital de Iguala, seguridad a sus familias y al Gobierno “que se haga justicia y se castiguen a los responsables” de los ataques contra estudiantes el 26 de octubre, en los que fallecieron otras seis personas.
Además, sobre las fosas encontradas en un cerro de Iguala con al menos 28 cuerpos, Ortega dijo que no creen que sean sus hijos y que por tanto los esfuerzos deben centrarse en hallarlos vivos.
Aun así, para agilizar y darle veracidad al proceso de identificación de los 28 cuerpos, solicitaron que no se le pongan obstáculos al equipo de forenses argentinos que han llegado a México para colaborar en este proceso.
En la conferencia de prensa estuvo uno de los estudiantes que sufrió la ola de ataques del 26 de septiembre, quien insistió en que las autoridades están intentando “hacer creer a la población” que la delincuencia organizada está detrás de las muertes y las desapariciones.
“En México se asesina extrajudicialmente a estudiantes” y “le atribuimos al Estado la desaparición forzosa de nuestros compañeros”, dijo Omar García.
Por los hechos del 26 de septiembre han sido detenidos más de treinta personas, entre ellos una veintena de policías municipales y presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asumió la investigación del caso el fin de semana pasado al considerar que había indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno federal de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.
En la rueda de prensa, AI calificó hoy la búsqueda de los jóvenes como “una pantomima” en donde “no hubo inteligencia, en donde no hubo las líneas de investigación claras”.
Por ello, recomendó al Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto que las “investigaciones sean realizadas por personal del más alto nivel en el ámbito federal”, en lugar de que sigan, como hasta ahora, a cargo de las autoridades de Guerrero.
Además, insistió en la necesidad de que apoye a los antropólogos argentinos, otorgue información a los familiares antes que a los medios de comunicación y haga una investigación sobre los abusos
