SANTO DOMINGO.- La familia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader Corona, atribuyó a “abuso de poder y motivo político” la negativa del Gobierno a la concesión minera Hatillo, de la empresa Cementos Santo Domingo, propiedad de esa familia y de inversionistas españoles.
La desaprobación del gobierno fue anunciada el 13 de noviembre de este año, a través del Ministerio de Energía y Minas.
Tras entregar a la prensa un expediente con la relación de los permisos y certificaciones que han amparado las operaciones de Cementos Santo Domingo, el licenciado
José Abinader Corona, hermano del candidato presidencial y presidente de la empresa, afirmó en rueda de prensa que “luego de 16 años de labor en estricto apego a las leyes, hoy el gobierno atenta contra esta empresa, en un acto de abuso de poder, evidentemente motivado en que uno de los miembros de nuestra familia, Luis Abinader Corona, es el candidato presidencial del cambio, compitiendo con el presidente Danilo Medina, aspirante a la reelección”.
“Esta acción no es simplemente un ataque contra un candidato presidencial y su familia; se trata de un abuso de poder, por cuanto esa disposición vulnera el estado de derecho, la seguridad jurídica y el principio de libertad de empresa que amparan las operaciones de Cementos Santo Domingo”, manifestó en un documento entregado a la prensa.
A continuación, el texto íntegro:
“El país nos conoce como gente de trabajo honesto, con una amplia trayectoria al servicio del pueblo dominicano.
Hoy nos vemos en la necesidad de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, para denunciar un abuso de poder del ministerio de Energías y Minas en contra de nuestra familia.
Durante 16 años, la empresa Cementos Santo Domingo, de la que nuestra familia es accionista junto a inversionistas españoles, produce y comercializa cemento y hormigón para el mercado nacional e internacional.
El funcionamiento de Cementos Santo Domingo ha cumplido con todos los requerimientos de orden legal necesarios para la producción y comercialización de sus productos. Como puede observase detalladamente en el expediente que estamos entregando a la prensa, con una relación de todos los permisos y certificaciones que legitiman la responsabilidad fiscal, social, legal y ambiental de las operaciones de la empresa.
Entre personal fijo directo y beneficiarios indirectos, centenares de familias se sustentan de las operaciones de Cementos Santo Domingo, convirtiéndose en un factor de activación de la economía en Azua, una de las provincias de mayor presencia en el mapa de pobreza del país.
Cementos Santo Domingo ha pagado impuestos al Estado por más de RD$ 1,237 millones de pesos. Incluso, al cierre del año 2014, nuestra empresa presenta un saldo a favor por impuestos de más de 10 millones de pesos.
Sin embargo, luego de esos 16 años de labor en estricto apego a las leyes nacionales y a las normas jurídicas de lícito comercio, en fecha 13 de noviembre de este año, a través del Ministerio de Energía y Minas, el gobierno desaprueba la concesión de explotación minera Hatillo, de Cementos Santo Domingo.
Hoy, el gobierno atenta contra esta empresa, en un acto de abuso de poder, evidentemente motivado en que uno de los miembros de nuestra familia, Luis Abinader Corona, es el candidato presidencial del cambio, compitiendo con el presidente Danilo Medina, aspirante a la reelección.
Esta acción no es simplemente un ataque contra un candidato presidencial y su familia; se trata de un abuso de poder, por cuanto esa disposición vulnera el estado de derecho, la seguridad jurídica y el principio de libertad de empresa que amparan las operaciones de Cementos Santo Domingo.
Es un abuso de poder contra quienes de manera honesta y confiada en el presente y el futuro de nuestro país, creamos empleos, pagamos impuestos y generamos inversiones.
Reiteramos todo nuestro apoyo a Luis, y a su legítimo derecho a presidir un gobierno honesto y eficiente en beneficio del pueblo dominicano”.
