PANAMA (PL).- La Justicia panameña protagoniza hoy un hecho inédito con el inicio del proceso de investigación del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por presuntos actos de corrupción y espionaje ilegal durante se mandato.
La fecha coincide con el primer año transcurrido desde las últimas elecciones presidenciales, cuando perdió la fórmula “martinelista”, intento de perpetuarse en el poder a través de un gobierno del partido Cambio Democrático (CD).
Desde que estallaron los primeros escándalos de corrupción relacionados con la administración anterior, miembros del llamado círculo cero de Martinelli acusaron a su jefe de dar las órdenes para los actos ilegales.
En previsión de la tormenta que se avecinaba, el exmandatario salió del país el 28 de enero pasado, bajo el pretexto de hacer una gira internacional para denunciar la persecución política en su contra, por parte de su antiguo aliado, el actual presidente Juan Carlos Varela.
Martinelli intentó sin éxito la protección del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del cual es diputado, y después se refugió en la ciudad estadounidense de Miami, donde se le vio en público por última vez, aunque actualmente su paradero es desconocido.
El fiscal designado, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Oydén Ortega, tiene de plazo dos meses para reunir evidencias que prueben la responsabilidad de Martinelli en el caso de corrupción, aseguran fuentes legales.
El proceso se realizará bajo un nuevo modelo judicial llamado Sistema Penal Acusatorio que reduce los plazos y es aplicado por la condición de parlamentario del expresidente panameño.
Ortega contará con todas las facultades que asisten a un fiscal, entre ellas, solicitar a la banca nacional e internacional información sobre las cuentas del expresidente, hacer allanamientos, confiscar o congelar bienes del imputado, previa aprobación de los nueve magistrados del Pleno de la CSJ.
No hay antecedentes de que un expresidente enfrentara la Justicia y para la Corte es una oportunidad de demostrar su imparcialidad, especialmente en momentos en que la institución atraviesa una de sus peores crisis.
Su presidente de la corte, José Ayú Prado, tiene acusaciones pendientes ante la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional; el magistrado Víctor Benavides fue impugnado por pedofilia y venta de fallos, y el exmagistrado Alejandro Moncada Luna guarda prisión por enriquecimiento ilícito.
