BUENOS AIRES. La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), actualmente senadora, se presentará este lunes ante el juez Claudio Bonadio para declarar dentro de la investigación de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo.
A través de un mensaje en la red social Twitter, la propia exmandataria confirmó hoy que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió “por favor” a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia.
“Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri”, solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.
Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por integrar la Cámara Alta desde diciembre de 2017.
El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con un caso en el que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación, basada en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chófer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
Este último -que supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo- está detenido desde el pasado 1 de agosto.
Según la información de ese periódico, otros funcionarios que se encuentran arrestados son el exdirector de Energías Renovables de la cartera de Planificación Ezequiel García; Enrique Llorens, exsecretario de ese Ministerio, cuyo titular durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández, Julio de Vido, está en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017.
José María Olazagasti, que fue secretario privado del exministro, se entregó este sábado, un día después de que Bonadio ordenara su detención y la del exfuncionario Claudio Uberti, quien permanece en paradero desconocido.
Uberti y el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas son los únicos dos prófugos en el proceso, que afecta a medio centenar de personas.
Además de la información brindada por Centeno -en libertad como testigo protegido-, en la investigación son clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.
Entre ellos -ya cerca de una decena-, se encuentran Juan Carlos de Goycoechea, exdirector ejecutivo de la constructora de origen español Isolux; Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y el dueño de la constructora Iecsa hasta marzo de 2017 Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
Todos ellos reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones como parte de esta red con la que, según cálculos de medios locales, se pudo haber recaudado cerca de 200 millones de dólares.
El caso también salpicó al exjuez Norberto Oyarbide, quien en 2009 emitió un polémico sobreseimiento en un proceso contra el matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito y también admitió haber recibido presiones desde el Gobierno.
