El hecho de que la economía dominicana cierre este 2017 con un crecimiento de un 4.9% no es una sorpresa. Ese nivel de crecimiento para este año había sido pronosticado no sólo por las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, sino por unidades de investigación de universidades y reputados economistas.
La discusión ha girado en las causas de esa desaceleración, tomando en consideración que en años anteriores, ese crecimiento estuvo por encima del 6.0%.
Unos atribuyen la baja a que el Gobierno frenó su política de inversiones, cuyo punto principal de referencia eran las inversiones en el sector educación y salud, que durante cinco años, con la construcción de nuevas aulas y centros hospitalarios, así como el acondicionamiento de otros de esos establecimientos, mantuvieron un dinamismo que se reflejó en casi todos los demás sectores de la economía.
Economistas como el exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram hablan de una “desaceleración de la economía”, citando diversos factores, entre ellos la baja en las inversiones públicas.
Otros, como Miguel Ceara Hatton, se refieren a un “estancamiento” de la economía del país, que atribuye a la mala gestión gubernamental que ha generado pérdida de confianza en los inversionistas.
UN APUNTE:
Potencial
Se había establecido que la economía dominicana estuvo creciendo por encima de su potencal, establecido entre 4.5 a 5.0% anual.
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en el discurso que pronunció el 23 de octubre en el acto principal del 70 aniversario de esa entidad, dijo que “conforme a las últimas cifras disponibles sobre el sector real, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) muestra que la economía registró una expansión interanual de 5.1% en agosto y un crecimiento acumulado enero-agosto de 4.0%”.
C
itó que las actividades que más contribuyeron a ese crecimiento acumulado fueron hoteles, bares y restaurantes (7.5%), agropecuario (6.4%), zonas francas (5.7%), servicios financieros (5.5%), transporte y almacenamiento (4.7%), comunicaciones (3.9%), actividades inmobiliarias y de alquiler (3.8%), otras actividades de servicios (3.0%) y manufactura local (2.9%).
El Banco Central emitió una declaración el 4 de diciembre en la que indicó que en octubre el IMAE había tenido un crecimiento interanual de 4.3%.
Aumento del crédito
El primero de agosto, el Banco Central anunció varias medidas monetarias expansivas, que tuvieron un adecuado impacto en las condiciones monetarias de la economía.
El resultado fue que los préstamos del sector privado, ya en la primera semana de diciembre, se habían incrementado en 44 mil millones de pesos, debido a la existencia de un escenario de menores tasas de interés y la reducción del encaje legal en 2.2%. De esos recursos fueron destinados al consumo (13,945 millones de pesos), comercio (7, 138 millones de pesos), construcción (5,023 millones de pesos), adquisición de viviendas (4,015 millones de pesos), industria manufacturera (3,365 millones de pesos), servicios sociales, incluyendo educación y salud (1,962 millones de pesos y agropecuario (1,841 millones de pesos).
Un hecho que se ha destacado es que con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos (REA), los deudores del sector agropecuario, que este año fueron severamente afectados por los fenómenos atmosféricos en lo adelante no necesitarán de tratamientos especiales, ya que con la figura de la refinanciación, que prevé el REA, dispondrán de manera permanente de la facilidad de reestructurar las condiciones de tasas de interés y plazo de sus créditos.
En el caso de las mipymes, el REA, eleva de 25 a 40 millones de pesos el monto al que tendrán acceso a financiamientos con mejores condiciones financieras, tal como anunció en la ocasión citada el gobernador Valdez Albizu.
Trampa fiscal
Otro de los temas ampliamente debatidos este año hizo referencia la elevación de los ingresos del Estado, vía la aplicación más estrictas de la legislación vigente, con el objetivo de reducir las altas tasas de evasión fiscal, que en el caso del Itbis, ronda, de acuerdo con datos ofrecidos por el director de la DGII, Magín Díaz, un 45% y en el caso del impuesto sobre la renta, por encima del 50%.
El propio director de la DGII dijo que una muestra de la efectividad de las medidas administrativas aplicadas, es el incremento de los montos recaudados por las dos agencias que tienen esa misión, que además de la DGII, es la Dirección General de Aduanas.
Extraoficialmente se ha indicado que la baja de un 20 por ciento en las exportaciones hacia Haití entre el 2016 al 2017 no tienen su origen en el deterioro del intercambio comercial, sino a que mercancías supuestamente dirigidas al vecino país, sin el pago del Itbis correspondiente, en realizadas eran comercializadas a nivel local, creando una competencia desleal.
La disposición de enfrentar la evasión fiscal no ha carecido de críticas y advertencias. En su Informe de la Economía Dominicana 2017, el Área de Economía y Negocios del Instituto Técnológico de Santo Domingo (Intec), observó que la formulación del Presupuesto General del Estado para el 2018, tiene como metas un crecimiento del PIB de un 5%, una inflación de 4%, una tasa del dólar respecto al peso de 50.17 pesos por dólar y un precio del barril de petróleo de 48.6 dólares. La entidad obervó que la mayor dificultad para cumplir esos propósitos será alcanzar las metas de ingresos presupuestarios.
El Gobierno ha estimado un crecimientos de 65 mil millones de pesos y cerrar la brecha deficitaria más grande desde 2008, en términos absolutos unos 87 mil millones de pesos, de acuerdo con el informe.
“La estimación de ingresos luce demasiado optimista, pues significa un crecimiento nominal de 12.2%, cuando la estimación del crecimiento del PIB y de la inflación es de menos del 9%”, de acuerdo con el estudio de Intec.
Llama la atención de que para lograr ese propósito sin una reforma fiscal, el Gobierno podría intentarlo “por vía de una acción enérgica de la administración impositiva”.
Pero “no obstante, este activismo recaudador de la DGII en una economía caracterizada por altas tasas impositivas y un sector informal superior al 57 por ciento, no garantiza un eficaz resultado que eleve la presión tributaria sobre un 15% del PIB y provea al Gobierno del faltante presupuestario”.
“Las acciones de la DGII y la recién aprobada Ley 155-17 sobre lavado de activos y antiterrorismo han creado desestimulo en algunas actividades comerciales informales y en el sector de la construcción, que se manifestó en una reducción del crecimiento de ambos sectores en 10 y 12 puntos porcentuales en comparación con el 2016”, enfatizó Intec.
La academia advierte que “estamos caminando hacia una trampa fiscal inminente que no se resuelve sin una seria reforma impositiva”.
