La jueza Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta en el Tribunal Constitucional, observa avances en el país en materia de igualdad de género, pero con luces y sombras.
Un elemento sombrío que le indigna es la violencia intrafamiliar, situación que dice no puede ser más preocupante. A su vez, precisa, que sólo cuando el caso llega a las instancias judiciales es posible tener una sentencia. “Y por desgracia, un elevado número de casos tiene un desenlace fatal antes de llegar a los tribunales”, deplora.
Está convencida de que el trabajo mancomunado, en todos los ámbitos y estratos socioeconómicos, debe ser perseverante, y que las políticas públicas en favor de la equidad de género precisan de decisiones comprometidas y coherentes.
La inclusión en la Constitución de una serie de disposiciones que reconocen los derechos de las mujeres es el punto que considera más luminoso.
Cita la igualdad de la mujer y el hombre en derechos y deberes; reconocimiento del concubinato; protección estatal de la maternidad y derecho de la madre a la asistencia oficial en caso de desamparo; derecho a llevarse el apellido de la madre, al igual que el del padre; reconocimiento de la paternidad y la maternidad responsable; derecho al acceso y la participación política; igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; el lenguaje de género desde su preámbulo y a través de todo el texto constitucional, y elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a estar representadas en los espacios de toma de decisiones del Estado.
Otro aspecto luminoso que destaca es el elevado número de mujeres que cursan con éxito estudios universitarios y post-universitarios.
Esta realidad sociológica, enfatiza, contribuirá significativamente a la inserción femenina en diversos ámbitos laborales, dato que valora como esperanzador, porque entiende puede impactar en la estabilidad económica de los hogares y la educación de los hijos.
Sin embargo, visualiza que desafortunadamente hacer realidad los derechos a favor de las mujeres dependen de factores que desbordan las decisiones jurídicas, y se inscriben en el plano de lo cultural.
Aunque confiesa que no se predispone emocionalmente a sentir discriminación por asuntos de género, reconoce que es una realidad social que hay que erradicar.
“Como en cualquier entorno laboral, dentro de la cultura dominicana, nuestra actitud y actuación debe estar siempre orientada a erradicarla”, dice.
Señala que realmente los asuntos culturales son de trasformación paulatina, y encierra elementos diversos como los educativos, relacionales o de intereses, que se manifiestan en diversos planos y circunstancias.
“Lo importante para cada mujer será siempre asumir con dignidad y respeto de sí misma cada situación en la que pueda verse envuelta una posible discriminación por razones de género”, enfatiza.
En el TC, las mujeres constituyen el 23% del Pleno de jueces, con un total de 3 de una matrícula de 13.
Reconoce que en el TC, en términos de composición, está todavía distante de la equidad, pero enfatizó que “ hay que ver el vaso medio lleno”, resaltando que numéricamente es un inicio.
