SANTO DOMINGO. El presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de La República Dominicana (ICPARD), Felipe Montero, dijo este miércoles que Faustino Rosario Díaz, exgerente financiero de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OSMA), implicado por las autoridades en la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, no pertenece al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de La República Dominicana.
Felipe Montero asegura que Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, quien, además es capitán de la Policía Nacional, no cumplió con el mandato de la ley 633 que rige la profesión de contaduría y que instruye la obligatoriedad de prestar juramento ante la junta directiva nacional del instituto.
El coronel Rosario, según el Ministerio Público, fue quien llevó a Contreras González, asistente personal del director de la OMSA, para que fuera con el empresario Santana Zorrilla a una estación de combustibles de la avenida Rómulo Betancourt y ser testigo de la entrega de RD$1.0 millón al occiso como adelanto de lo acordado.
A través de un encuentro con la prensa, Montero también anunció que expulsará de sus filas al licenciado Geraldo Matos, quien fue condenado a ocho años de prisión luego de que un tribunal lo encontrara culpable, junto a otras tres personas, de un fraude por RD$151.0 Millones en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
En una nota publicada en el portal de la DGII, indica que el pasado dos de noviembre el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión y a multas de 200, 150, 50 y 50 salarios mínimos, respectivamente, a cuatro personas halladas culpables de defraudar el Estado mediante la creación de facturas falsas con valor fiscal, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Al ofrecer la información, la DGII identificó a los imputados como Franklin Peguero Martínez, ex empleado de la institución, el contable Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez e Ivonne Peguero Martínez, quienes incurrieron en violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente de infracciones graves.
El tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por la DGII condenando a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por estos para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como indemnización.
