El Departamento de Estado de Estados Unidos habría cancelado el visado estadounidense a los implicados en el expediente por soborno, contra 14 personas acusadas de recibir dinero de la constructora Odebrecht.
El expediente señala que se trató de la distribución de 92 millones de dólares entre funcionarios, legisladores y lobistas para la obtención de contratos de obras gubernamentales, en varios períodos de gobierno.
En el expediente figuran dos senadores y un diputado a quienes a pesar de poseer pasaportes oficiales, también Estados Unidos habría ordenado a su embajada en República Dominicana suspenderles los visados B1-B2.
La información fue confirmada anoche a El Nacional por una fuente de alto nivel de la legación diplomática estadounidense. También este diario supo que un fiscal especial de Nueva York le da seguimiento al caso que lleva una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.
Los afectados con la medida del Departamento de Estado de EU habrían sido Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Andrés Bautista, Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández y Bernardo Castellanos.
Al empresario Ángel Rondón Rijo le habían quitado el visado en medio del proceso, mientras los legisladores afectados con sus visas de turismo son los senadores por San Cristóbal, Tommy Alberto Galán; por Santiago, Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco Osoria.
De acuerdo al protocolo de la embajada de Estados Unidos, es posible que algunos de los afectados no se haya enterado de la medida, ya que generalmente los afectados se enteran al momento de intentar salir del país.
Al grupo de 14 implicados se le atribuyen los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
Decisión de Trump
El 20 de diciembre del 2017, el Departamento de Estado, el presidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro anunciaron acciones contra las personas que para ellos han cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial.
La acción impone restricciones de visas a las personas designadas conforme la orden ejecutiva e impide su acceso al sistema financiero estadounidense. “Entre los afectados por estas acciones se encuentra incluido el ciudadano dominicano Ángel Rondón Rijo”.
El comunicado en cuestión señala: “Que el gobierno de los Estados Unidos continuará aplicando medidas significativas y concretas contra las personas que cometan abusos en el campo de los derechos humanos o actos de corrupción”.
Cronología
El 26 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al mundo sobre una violación de la Ley de prácticas corruptas y de un acuerdo entre dicho departamento de justicia y la empresa constructora Odebrecht.
En la tarde de ese mismo día, la Procuraduría General de la República convocó a las instituciones oficiales dominicanas y sus responsables a depositar los contratos suscritos con la empresa Odebrecht.
Entre el 10 y el 17 de enero de 2017, fiscales ayudantes del procurador interrogaron a Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país, quien habría admitido el pago de los sobornos.
Un Apunte
La libertad
El 8 de agosto de 2017 el juez Francisco Ortega Polanco varió la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos que hasta ese momento guardaban prisión.
El 31 de enero, la Procuraduría recibió el cheque 44588 emitido por Odebrecht por 30 millones de dólares, por concepto de indemnización.
El 7 de junio de 2017, el juez especial de la Instrucción en la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva para 9 de los 14 imputados, dos arrestos domiciliarios, y a los tres legisladores impuso garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
