Contra el presunto narcotraficante Julio de los Santos (Julito Kilo) no solo pesa una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos, sino que, además, las autoridades de esa nación norteamericana están requiriendo que se le decomisen una serie de bienes e inmuebles.
En la lista de 34 bienes e inmuebles que Estados Unidos quiere que se le confisque a “Julito Kilo”, se encuentran vehículos de lujo, embarcaciones, propiedades en diferentes partes del país, como también armas de fuego.
La petición del decomiso provocó que se suspendiera la audiencia de extradición contra el alegado narco, que estaba pautada para conocerse hoy en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los abogados de “Julito Kilo”, quien cumple prisión preventiva, pidieron al tribunal suspender la vista para tomar conocimiento de la solicitud de incautación y así poder ejercer efectivamente el derecho de defensa. Atendiendo a esto, los jueces Francisco Jerez, María Garabito y Fran Soto aplazaron la audiencia para el viernes 3 de junio.
Para solicitar el decomiso de los bienes, las autoridades de Estados Unidos se basan en las secciones 853, 881 y 970 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, como también el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Drogas Narcotráfico y Sustancias Controladas.
La solicitud de extradición contra “Julito Kilo” fue presentada por la embajada de Estados Unidos en el país ante el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que preside Gisela Cueto.
El imputado es acusado de operar una red de narcotráfico que enviaba drogas desde Suramérica hacia la República Dominicana, con Puerto Rico como destino final, a fin de que sea extraditado.
El Ministerio Público dominicano desistió de perseguir penalmente al extraditable para que sea llevado ante la justicia de los Estados Unidos.
Conforme con la acusación que pesa contra el imputado, en el país este una vez obtenía las ganancias del trasiego de las drogas, blanqueaba los capitales en el territorio dominicano y, muy especialmente, en la provincia San Pedro de Macorís.
