El tribunal acusa a Flores de haber desviado más 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001, pero se dice que el dinero nunca llegó a manos de las víctimas.
El exmandatario, que gobernó entre 1999 y 2004, murió el 30 de enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de acudir a la vista pública para ser juzgado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
Durante las investigaciones del Ministerio Público se comprobó que diez millones de dólares fueron a parar a las cuentas del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lo llevó a la presidencia, y el resto se desvío a beneficio del expresidente.
Con su muerte se extinguió la responsabilidad penal, pero no la obligación civil, por lo que la Fiscalía continúo el proceso y en junio de 2017 aseguró nueve propiedades de Flores que ahora podría tomar el gobierno.
La Fiscalía aseguró contar con los documentos que comprueban el desvío de los fondos de Taiwán, mientras que el abogado del exmandatario, Edgar Morales Joya, aseguró que “no existe ningún documento que mencione que Francisco Flores tiene relación con esos proyectos”.
El defensor dijo que al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador le toca decidir si absuelve o si condena con base a los elementos probatorios ofertados por la Fiscalía, pero que “el único documentos presentado es una copia que no está firmada y no está autenticada”. Es decir, según el abogado, no existe ninguna prueba contra el exmandatario.
