Santo Domingo – El Estado dominicano, a través de los abogados contratados para recuperar el patrimonio público que esté en manos de terceros, están demandando como indemnización 9,200 millones de pesos contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa.
La indemnización se solicitó mediante la querella con constitución en actor civil que presentó el Equipo para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) el pasado 28 de febrero. El objetivo es que en caso de que en un posible juicio Jean Alain y los otros imputados sean condenados, no solo cumplan alguna condena privativa de libertad, sino que, además, sean sentenciados a pagar la referida suma de dinero.
Por el caso Medusa también son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Miguel José Moya tiene impedimento de salida y presentación periódica.
Junto a Jean Alain, son señalados por el Ministerio Público como integrantes de una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno. El exprocurador y sus colaboradores y relacionados están imputados, igualmente, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para mañana, tras rechazársele la recusación presentada contra cinco fiscales y la inhabilitación de más de 20, el exprocurador vuelve a la carga en busca de que un tribunal ordene su anhelada libertad y que rechace una prórroga al Ministerio Público para seguir investigando el caso Medusa.
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene en su agenda revisar la medida de coerción de Jean Alain y los demás imputados en este caso de corrupción, para determinar si deben seguir cumpliéndolas.
En la audiencia, pautada para las 4 de la tarde, la magistrada también tiene previsto escuchar la solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que les concedan una prórroga de cuatro meses para seguir las pesquisas y poder presentar acusación formal, como también conocer una petición de resoluciones planteadas por uno de los imputados.
