El juez de la Novela Sala Penal del Distrito Nacional determinó que el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, no pudo probar una serie de imputaciones que hizo contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
El magistrado Vladimir Rosario señala que las manifestaciones de Faña trascendieron la mera denuncia o el solo ejercicio de la labor de oposición, como alegaba, sin demostrar dichas afirmaciones.
Sostiene que afectó a Peralta, transgrediendo su derecho al honor, el buen nombre e imagen pública. Indica que en vista de eso, “condena a Leonardo Antonio Faña Batista al pago de RD$500,000.00”.
La sentencia penal, número 047-2017.EPEN-00135, fue leída integramente, este martes y entregada a las partes involucradas.
Sostiene que los términos utilizados de mafioso, director o beneficiario de una mafia atribuidos a Peralta, “indudablemente atacan el buen nombre, el honor, la moral y la dignidad de la persona, en su autoestima y fama, en la medida en que lo vinculan como autor o beneficiario de actos que riñen con la ley”.
Sin pruebas
Conforme al fallo, “contrario a lo argumentado por la parte imputada (Faña), no ha quedado demostrado que las pruebas que ha aportado ni que José Ramón Peralta dirija o se beneficie de irregularidades en el sistema de importación de productos agrícolas, ni que aproveche su posición pública en beneficio propio o que use tráfico de influencia para tales fines”.
Agrega que tampoco se pudo demostrar que “haya incompatibilidad del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la participación de empresas en la que está vinculado en subastas públicas para la adquisición de permisos de importación, puesto que no implica una negociación con el Estado en calidad de suplidor de un determinado bien o servicio”.
Otro aspecto que establece la sentencia, en referencia a Peralta, es que “tampoco hay constancia de un crecimiento del patrimonio del mismo en los términos denunciados”.
Ahora el caso pasará a la Corte de apelación del Distrito Nacional como tribunal de segundo grado, luego que Faña anunciara que recurrirá la decisión.