Este domingo ha salido a la luz un documento mediante el cual la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el acceso a un informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Una de las características del informe es que en él se señalan, además del exfuncionario de la entidad responsable de la política fiscal del Gobierno y sus componentes, a varios empleados y directores de entidades que jerárquicamente estaban bajo la sombrilla de Guerrero Ortiz y el ministerio de Hacienda.
Entre esos se menciona a Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales y presidente del Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA), quien falleció el 21 de diciembre de 2021.
El ingeniero Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, también se encuentra citado en el documento y ejerció esta función entre el 15 de septiembre de 2014 y el 16 de agosto de 2020. Además, está Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembros del Consejo Estatal del Azúcar.
Igualmente, Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, quien había sido interrogado por el ministerio público en febrero del año pasado. Asimismo, su nombre aparece en uno de los informes realizados por la Cámara de Cuentas al ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que fueron publicados en diciembre de 2021.
En el mismo se hace mención de la existencia de contratos suscritos por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero y por Simón Lizardo Mezquita, en su desempeño como administrador general del Banco de Reservas, en los cuales se acordó otorgar financiamiento de “obras prioritarias” a favor de contratistas y suplidores del Mopc, sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República (CGR).
Además se señala a Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de presupuestos y viceministro de presupuesto, patrimonio y contabilidad; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, ambos de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que se encuentran en subordinados al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, tal es el caso de Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda; Belkis Tejada Ramírez, ex directora jurídica de Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis.
De igual forma nombran a Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa y Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien desempeñó funciones de agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales, quien se desempeñaba como asesor de esa entidad.
También se menciona a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la contraloría general de la República; Priamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría; William Antonio Castillo Deudas, soporte administrativo de la División de reconocimiento de deudas administrativas; Joaquín Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativas; y Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de dicha división.
El documento expresa además que en la investigación mencionada se determinó que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Ratael Ledesma Méndez están vinculados a un supuesto entramado de cesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones.
De manera particular citan entre esos entes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), entre otras.
Como investigados también son mencionados Angel Lockward Mella y Angel George Lockward Cruz, entre otros, por “a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado Dominicano”.
El total de mencionados asciende a 32, junto a más de una docena de empresas y una extensa lista de investigados.
Al final de la autorización, la magistrada Romero instruyó a los fiscales que recopilaran junto a las entidades reguladoras del sistema financiero y bancario dominicano documentos, reportes e informes que sustenten el historial y manejo financiero de 183 personas más, así como también de 26 empresas o sociedades comerciales.
Una característica de este último listado es que está compuesto por grupos de parientes directos.
Acusaciones
El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
En el documento se sostiene que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del Ministro de Hacienda, para entonces Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales.
Conforme con la pesquisa han identificados que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
