El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, opinó hoy que “más que criticar el acuerdo” entre la Procuraduría General de República (PGR) y la constructora brasileña Odebrecht “los que estén a favor de una persecución efectiva del caso, deben apoyarlo”.
Espinal respondió así a las críticas que están vertiendo desde algunos sectores sobre la homologación, el pasado 19 de abril, del acuerdo de colaboración suscrito entre la PGR y la multinacional brasileña en relación con los sobornos que la empresa admitió haber llevado a cabo para obtener contratos de obras públicas en el país.
Mediante ese acuerdo, Odebrecht deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos, y revelar, en un plazo de 30 días desde la fecha del acuerdo, los nombres de los beneficiados por los cohechos, aunque sus empleados no serán enjuiciados en este país caribeño.
Según explicó el consultor durante una entrevista en el programa Telematutino, canal 11, y reproducida en un comunicado remitido por la Presidencia, el acuerdo de indemnización al que llegó el Ministerio Público “es lo máximo que se puede conseguir en una condena por vía de multa”.
También, obliga a la constructora brasileña a ofrecer al Ministerio Público las informaciones de lugar, dijo Espinal, que destacó la importancia de ese punto, ya que si no se obliga a la empresa a dar las informaciones, sería difícil construir un caso semejante ante un juez.
Además, señaló que, hasta el momento, no ha escuchado argumentos de por qué es improcedente el acuerdo que, “por lo que vi en el escrito que presentó el Ministerio Público ante el juez de instrucción, está sustentado en la normativa procesal penal de la República Dominicana”.
“Cuando hay un caso que ha sido declarado complejo, por la multiplicidad de actores, por el carácter que involucra, las infracciones se declaran complejas. El Código Procesal Penal dice que, en una situación como esa, el Ministerio Público puede recurrir al criterio de oportunidad”, apuntó.
Indicó, además, que los empleados y ejecutivos de Odebrecht implicados en el caso están siendo procesados en Brasil, pero que aquí no habrá proceso contra ellos por “un principio universal de los derechos humanos que establece que nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa”.
Espinal indicó que con el acuerdo, validado por un juez, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, está en mejores condiciones para sustentar el caso ante los tribunales, así que “más que criticar el acuerdo, los que de verdad estén a favor de que se lleve una persecución efectiva en este caso, deben apoyar el acuerdo”.
Además, explicó que la compañía, como establece la ley de sobornos, en el comercio de inversión, como persona jurídica, solamente puede ser multada con el duplo de los sobornos.
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la comisión designada por el Ejecutivo para investigar la licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, señaló que “desde el punto de vista estrictamente procesal es una acción inadmisible, porque la acción directa de inconstitucionalidad, solo es aplicable a normas de alcance general”.
Sin embargo, la creación de la comisión mediante el decreto 6-17 es de alcance particular, y “busca la verdad y que se tomen las medidas de lugar” al respecto. Además, el presidente de la República tiene amplios poderes para tomar medidas de ese tipo, y “la propia ley orgánica de la Administración Pública le da potestad para crear comisiones con funcionarios o personas independientes”.
“De modo que ese decreto es perfectamente constitucional. Ese decreto no persigue bajo ningún concepto usurpar las funciones ni del Congreso, ni del Ministerio Público, ni de los tribunales de Justicia”.
Para el presidente de la República, Danilo Medina, “es importantísimo que esto se ventile por una comisión de personas con diferentes experiencias. EFE
