SANTO DOMINGO (EFE).- El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en República Dominicana ha agitado las aguas políticas en este país caribeño y supone uno de los momentos más difíciles en la gestión del presidente Danilo Medina, que inició su segundo mandato en agosto del año pasado tras lograr la reelección.
Pese a la polvareda que ha levantado este caso desde que estalló en diciembre pasado, cuando EE.UU. difundió la información de los sobornos, Medina no había hecho ninguna referencia hasta el lunes pasado, cuando aprovechó su primer discurso de rendición de cuentas de su segundo mandato para asegurar que “no habrá espacio para la impunidad”.
El escándalo “ha levantado la justa indignación de tanta gente”, reconoció Medina y aseguró que en “el caso de Odebrecht y cualquier otro, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Justicia tienen plena potestad para actuar sin ningún tipo de limitaciones; confiamos en que esto continúe caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias”.
Ante la Asamblea Nacional, Medina afirmó que “no existen vacas sagradas en este Gobierno” al tiempo que resaltó las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público tras la difusión de los documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. en los que se asegura que Odebrecht pagó 92 millones en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios entre 2001 y 2014.
Las declaraciones del presidente no han contentado a los principales partidos de oposición ni a los movimientos de la sociedad civil que esperaban anuncios de acciones contundentes para combatir la corrupción y la impunidad.
Tras el discurso de Medina, el movimiento “Marcha Verde”, que agrupa a diferentes organizaciones sociales que organizaron una multitudinaria marcha en la capital dominicana en contra de la corrupción el pasado 22 de enero, ha hecho un llamado a salir a las calles para expresar con determinación el derecho a la Justicia.
Este movimiento entregó la semana pasada en la sede del Gobierno dominicano, más de 300.000 firmas recogidas en todo el país, para exigir a Medina la creación de una comisión de fiscales independientes, asesorados por las Naciones Unidas, que investiguen este caso.
Tanto los principales partidos de oposición como los movimientos sociales han criticado la actuación del procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, al considerar que pretende encubrir a funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El pasado miércoles, un juez dominicano rechazó el procedimiento de homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht, mediante el cual la firma se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos.
Esta decisión del juez Alejandro Vargas fue aplaudida de inmediato por varios grupos de la sociedad civil y fue considerada como un revés para el Gobierno por partidos de la oposición.
El principal partido de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM) acusó al procurador de intentar “encubrir” a los “culpables” de los sobornos pagados por Odebrecht, por lo que exigió imparcialidad en este caso, y aseguró que la mayoría de los contratos con esta empresa “son responsabilidad de funcionarios y altos dirigentes” del oficialista PLD.
En declaraciones a Efe, la directora de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, dijo que este acuerdo con el que Odebrecht pretende liberarse de la persecución penal es un “símbolo de impunidad”.
En opinión de Sosa, “cada paso que dé el Gobierno favoreciendo a la empresa y a las actuaciones del procurador generan más indignación de la ciudadanía”.
La directora de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, aseguró que la ciudadanía va a seguir vigilante de la acciones que adopte el Ministerio Público y que si “no hace lo que se demanda, que es parar la impunidad, el movimiento ciudadano seguirá firme”.
A través de un comunicado, el procurador afirmó que evalúa la decisión del juez y que en los próximos días comunicará el proceso a seguir.
Rodríguez reconoció que el fallo del juez retrasará “unos días” el caso, pero, “no variará el resultado final, de que el sobornador y los sobornados sean castigados como manda la ley”.
A la espera de que el procurador anuncie los próximos pasos a seguir, “Marcha Verde” ya ha anunciado que el próximo 13 de marzo iniciará una peregrinación que recorrerá varias ciudades del país dirigida a “terminar con el régimen de corrupción e impunidad que mantiene al pueblo dominicano sumido en la pobreza, el atraso institucional y la vergüenza internacional”.
