Equipo de Recuperación del Patrimonio Público actuaría en casos de Inabie y Senasa

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) informó que se constituirán como querellantes en defensa del Estado en caso de que los escándalos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y Seguro Nacional de Salud (Senasa) lleguen a los tribunales.

A través de un comunicado de prensa, la entidad manifestó que realizarán las “acciones necesarias” para recuperar los recursos públicos distraídos en perjuicio del Estado dominicano.

“La defensa del patrimonio público no admite condicionamientos. Allí donde se verifique un perjuicio al Estado, habrá actuación procesal por parte del ERPP, sin importar fecha, período gubernamental o persona involucrada”, expresó el equipo coordinador integrado por Fernando P. Henríquez, coordinador general, Rafael Rivas y Manuel Conde, coordinadores de equipo.

Mediante el documento enviado a los medios de comunicación, la ERPP manifestó que actuaran que los casos específicos de esas dos instituciones, actuaran con “completa independencia”.

“El compromiso del Estado no distingue gobiernos. Allí donde se hayan detectado anomalías —sea en contratos de salud, educación, transporte u otros sectores— el ERPP seguirá impulsando acciones legales ante las instancias legales correspondientes, para que todo perjuicio comprobado tenga reparación efectiva”, enfatizó el ERPP.

Los mismos señalaron que el Estado dominicano se ha constituido en querellante y actor civil en diversos expedientes, entre los que cabe destacar Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, Operación 13 (Lotería) en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

“Estos procesos reflejan el compromiso continuo del equipo: no son enunciados, sino actuaciones concretas en las que el Estado, como víctima, querellante y parte civil, ha actuado para resguardar sus derechos”, refirió el ERPP.

El ERPP es un colectivo de abogados creado mediante decreto y contratado por el Estado, con el mandato de impulsar acciones legales en procura de obtener el resarcimiento y la devolución de lo distraído en perjuicio de los intereses del Estado.