El juez del Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo dictó ayer tres meses de prisión preventiva en contra de una auxiliar médico, acusada de mala práctica por dos mujeres, a quienes les habría inyectado una sustancia para agrandarles los glúteos, provocándoles lesiones graves.
El magistrado Bernardo Coplin García dispuso el envío de la imputada Yoenly Marisol Capellán Guzmán al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, hasta tanto el Ministerio Público concluya con las investigaciones.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el fiscal adjunto Arolin Lemos Feliz, en donde se acusa de usurpación de funciones, estafa, heridas por inobservancia de las normas y violación a la ley general de salud.
La querella en contra de la imputada fue interpuesta por Mariela Lara y Andris Estefani Cruz del Toro, a quienes acusan de inyectarle una sustancia, provocándole lesiones graves de acuerdo al certificado médico legal.
En la audiencia, la imputada Capellán Guzmán, propietaria del Salón Estética Pura Belleza, del Ensanche Ozama, quien se vendía como cirujana plástica y Especialista en Estética declaró que está capacitada para hacer el procedimiento que hizo, y que no fue contratada como cirujana plástica como alegan las querellantes, ni como centro ni como servicio, ni como procedimiento.
Sostiene que las querellantes la contrataron fue como cosmiatra esteticista, con una especialidad o taller avanzado en lo que es auxiliar médico, ósea “puedo hacer el procedimiento que se le hizo a dicha clienta, como a muchas más que son recomendadas por ellas mismas”.
Mientras que, en el tribunal, Lara y Cruz del Toro declararon que a raíz del proceso, comenzaron a sentir molestia, hinchazón de las piernas, moretones y abscesos en ambos glúteos, y que no eran atendidas en los centros de salud por su estado.
Cruz del Toro dijo que pagó 90 mil pesos por el proceso, mientras que Lara pagó 50 mil pesos luego de llegar a un acuerdo de pago.
En la instancia de solicitud de medida de coerción figuran dos certificaciones del Ministerio de Salud Pública y del Colegio Medico Dominicano (CMD), donde hace constar que Capellán Guzmán no es doctora, ni tampoco que posee ningún registro de actividad médico o sectorial.
