El Ministerio de Energía y Minas aseguró que la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) no se quedó sin póliza de seguro tras haber anulado un proceso de licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (Cdeee), por “inobservancia” en el proceso.
El director de Comunicaciones del organismo, Domingo del Pilar, precisó que luego de cancelar la controvertida licitación el 27 de octubre pasado, porque “personal administrativo no autorizado” de la institución envió a los oferentes participantes información sobre la oferta económica del proceso, el ministerio se abocó a contratar con Seguros Banreservas.
“El 27 de octubre fue que se anuló y el contrato se vencía el 4 de noviembre y en esa misma fecha se contrató la nueva póliza con Seguros Banreservas”, dijo Del Pilar.
La póliza a la que hace referencia el portavoz está amparada bajo el número 2-2-204-0057086 y fue emitida el pasado 4 de noviembre del 2021, explica un comunicado de Energía y Minas.
Como el contrato de la antigua póliza vencía el día 4 de noviembre y se desconocía que Seguros Banreservas había sido contratado, el ministerio hizo la aclaración.
“La Central Termoeléctrica Punta Catalina sí cuenta con su seguro de protección emitido por Seguros Banreservas”, agrega el comunicado.
Aseguró que no ha habido ninguna interrupción en lo que se refiere a la protección de los riesgos de operación de la generadora de electricidad y ésta no ha sido afectada.
La Cdeee enfrenta una demanda por la cancelación de la licitación Cdeee-CCC-LPN-2021-0014 para adquirir pólizas de seguros, motivado por una inobservancia a los procedimientos de la Ley 340-06 por parte de “personal no autorizado” que entregó a los oferentes el informe pericial de evaluación de los sobres que contenía la oferta económica del proceso.
Quien demanda es la sociedad comercial Cáceres y Asociados, que alegó resultar afectada porque previo a la anulación del proceso había sido recomendada por el Comité de Compras. La audiencia de adopción de medida cautelar contra la institución fue aplazada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para el 11 de enero.
