Santo Domingo.- Durante la gestión del ex director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, Diandino Peña, fueron otorgados contratos multimillonarios a nueve empresas vinculadas a él, entre los quienes figuran un hijo, un yerno, un cuñado y un amigo de toda la vida.
Tras la investigación de El Informe con Alicia Ortega, también quedó al descubierto que de los 1,400 contratos requisados por el equipo de periodistas, llueven las anomalías y las ofertas sospechosas en procesos de comparación de precios, lo que a todas luces parece un traje a la medida para que ciertas empresas resultaran beneficiadas con contratos millonarios.
De las nueve empresas vinculadas al ingeniero Peña, cinco están relacionadas entre sí mediante accionistas y direcciones: Mantade, Excavaciones y Construcciones Kata, Constructora Facenda, M. Gómez Business Construction y Álvarez Feliz, con dos personas a la cabeza Eduardo Rafael Tavárez, hermano de Blasina María Tavárez, esposa del ex director de la Opret, y Nelson Camilo Facenda. Todas con la excepción de Facenda, fueron creadas entre los años 2004 y 2010, período de construcción de los primeras dos líneas del Metro.
La Constructora Facenda es la empresa que aparece con más contratos, 173 en total, según datos suministrados por la OPRET. Los acuerdos legales con esta compañía abarcan diversos renglones incluyendo el alquiler de equipos, la limpieza y el acondicionamiento de terrenos, y excavaciones, entre otros trabajos.
El Informe tuvo acceso a 137 contratos de Constructora Facenda, de estos, 80, o sea un 58 por ciento, fueron entregados de forma directa o grado a grado, entre mediados de 2006 y finales de 2009, aunque ya estaba prohibido por la Ley de Compras y Contrataciones. Esos contratos le representaron a dicho grupo un total de RD$ 462, 332,197.77
Las compañías Mantade y Kata, que entre 2009 y 2016, acapararon 132 contratos alcanzaron beneficios de RD$1,679,075,573. El vínculo en común entre estas dos empresas es la firma Emigaiam, que no es contratista del Metro, pero su accionista mayoritario es Eduardo Rafael Tavárez, el cuñado de Peña.
Emigaiam tiene su domicilio en Los Prados del Distrito Nacional, en la Calle Amelia Francasci. En esa misma dirección, opera Excavaciones y Construcciones Kata, según el Registro Mercantil de la Cámara de Producción de Santo Domingo. El principal accionista de Kata es Grupo Torresol, cuyo socio mayoritario es Tavares.
El Grupo Torresol tiene como domicilio la Plaza Comercial Las Américas en Piantini del Distrito Nacional, el local Y5C, la oficina de abogados, notarios y consultores Anthony Reynoso & Asociados. Esta precisamente es la misma dirección de Mantade, que tiene actualmente a Aquiles Anthony Reynoso Henríquez como Socio.
Reynoso Henríquez también aparece como accionista en Emigaiam, primero en 2013 y ahora nuevamente según el Registro Mercantil mas reciente.
Pero volvamos al Grupo Torresol, porque su socio fundador en 2013, es Nelson Camilo Facenda, la otra pieza de este rompecabezas, quien también fue Socio y gerente de Kata en 2013.
Camilo Facenda, es el socio mayoritario de Constructora Facenda, que entre 2006 y 2016, firmó 173 contratos con la OPRET, valorados en RD$ 1,030,670,502.43. Entre 2011 y 2015, la Constructora tenia su domicilio en la Avenida República de Colombia, Suite 1B, un local ahora vacío. Allí compartía oficinas con Kata y Emigaim. Camilo Facenda, también fue socio fundador de M Gómez Business entre 2009 y 2013. M Gómez obtuvo 40 contratos, para un monto RD$100,396,883.10.
Terminamos el círculo con Álvarez Feliz, que otorgó poderes en 2009 a Julio Cesar Encarnación, socio y gerente de Kata entre 2011 y 2012 , para que pudiera a nombre de Álvarez Feliz, aperturar cuentas bancarias. También aparece con poderes Aquiles Anthony Reynoso, para que como gestor de la sociedad, pudiera transformar la empresa e inscribir actas, entre otras encomiendas. Recuerden Reynoso es socio de Mantade y de Emigaim. Álvarez Feliz fue beneficiada con 62 contratos entre 2006 y 2013, alzándose con RD$349,598,976.39.
Los desembolsos millonarios de la OPRET también alcanzaron a la compañía Concretos DRJ, que en 2001 tenía como socio fundador y accionista mayoritario a Cristian Otoniel Peña Pantaleón, hijo del ex director de la OPRET. Blasina María Tavárez, esposa del ingeniero Diandino Peña también era socia de Concretos DRJ, en esa fecha. Aunque ambos, según las actas de la empresa, vendieron sus acciones en 2002, documentos judiciales indican que Peña Pantaleón seguía vinculado a la empresa.
Dicha compañía apareció, entre un grupo de empresas dominicanas y extranjeras, mencionadas en la investigación de El Informe y el Centro de Periodismo Investigativo en mayo pasada sobre el emporio no declarado del ingeniero Peña, como parte de los documentos judiciales del pleito de separación de bienes de Raquel Celeste Pappatera Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel.
Como parte del proceso, Pappatera Hernández radicó en 2011 una demanda que exigía el levantamiento del velo corporativo del conglomerado de empresas dominicanas y extranjeras de la familia Peña.
La demandante exigió al Estado que determinara “la real vocación” de estas empresas, “las cuales evidentemente son compañías familiares, sin vocación empresarial alguna, y existentes a los fines de la realización de transacciones multimillonarias sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de dichas operaciones y bienes”, lee el escrito.
Entre 2005 y 2009, Concretos DRJ se agenció 35 contratos con la OPRET, consiguiendo un monto a su favor de RD$211, 551,438.57
Otras dos empresas que comparten accionistas con Concretos DRJ, son CODICISA y DSC Ingeniería, que recibieron desembolsos entre 2005-2012 ascendentes a RD$198,898,061.81.
Se suma a las empresas relacionadas al ex director de la OPRET Construfalto, que se alzó con por lo menos 27 contratos entre 2011 y 2013, para un total de RD$335,427,631.81. El principal accionista de Construfalto es Ramón Marcelino Then Aquino, hermano de Martín Then Aquino, yerno del Ingeniero Peña, casado con su hija Dianny Michelle. Una segunda empresa contratista del metro Ancoa, apareció registrada en ONAPI tambien a nombre del yerno de Diandino. Ancoa llegó a ganar contratos valorados en RD$470,160,444.44.
La novena empresa vinculada al ex director del la OPRET es Yarassey, que tiene como accionista a Demetrio Rodríguez Ramos, de 71 años, que hasta mayo aparecía como representante de la sociedad anónima panameña Luzshy Overseas, Inc., dueña casi absoluta de GP Holding, el núcleo que ata a 27 de las 29 empresas de Peña. Yarassey obtuvo por lo menos 15 contratos entre 2006 y 2012, para beneficios de RD$166,687,281.54.
Irregularidades en los procesos de compras y contrataciones
El investigación de El Informe con Alicia Ortega arrojó que tras revisar unos 1,400 contratos de 25 empresas, los contratos entre mediados de2006 y finales de 2009, fueron otorgados grado a grado, con la excepción de unos 20 ganados por ATTECO, mediante una licitación en 2007.
Cuando la OPRET finalmente inició a otorgar obras por Comparación de Precios, El Informe detectó que a oferta ganadora casi siempre tenía el mismo monto exacto que la OPRET presupuestaba con antelación para poder ofertar la obra, o en algunos casos variaba unos centavos.
Otra irregularidad, las ofertas, en su gran mayoría, no estaban firmadas o selladas, aunque ambas cosas son requeridas por la ley de Compras y Contrataciones. Esta anomalía se observó en un 90 por ciento de los 1,400 contratos que revisó el el equipo de El Informe. Además, todas las ofertas siempre contaban con la misma fecha, a pesar de que la carta de invitación para participar en los procesos no indicaba el día en que se realizaría la apertura de propuestas.
Los colores de los logos de las empresas y los cambios que experimentaban de un contrato a otro también levantaron suspicacia. Los mismos se iban transformando de gris, a negro, marron, verde y azul para una misma empresa o mamey, marron y hasta rosado para otra.
El Informe también encontró por lo menos 20 contratos donde las obras iniciaban, según el documento, antes de la firma del acuerdo.
En un caso particular, la carta de invitación a participar en el proceso de Comparación de Precios tiene fecha del 28 de enero de 2010, sin embargo todas las ofertas son del 4 de enero, o sea preparadas 3 semanas antes de que supieran serían invitados al proceso. En otra ocasión, la carta tiene fecha del 27 de septiembre y la comisión evaluadora se reunió el 15 de septiembre, 12 antes de que invitaran al concurso.
Algo que también captó la atención de el equipo de El Informe, la duración de los contratos y lo repetitivo de las obras o servicios. En un 90 por ciento, la duración rondaba entre una y ocho semanas, algunos con una extensión hasta los 120 días, patrón que se repitió en lo contratos revisados de las diversas empresas, dando pie al fraccionamiento de obras, o sea modalidad prohibida por la Ley de Compras y Contrataciones
