En centros de detención que funcionan en los destacamentos policiales también impera un hacinamiento extremo, según ha podido constatar la Oficina Nacional de Defensa Pública, que representa a imputados de delitos penales, en su informe anual correspondiente al 2016.
Dice el informe que las autoridades policiales persisten en la práctica de ingresar cantidades excesivas de detenidos, sobrepasando el límite máximo de las instalaciones físicas, ocasionando un hacinamiento extremo.
Precisa que en algunos destacamentos el hacinamiento extremo se produjo en el 2016 como consecuencia de la imposibilidad del ingreso de los detenidos con medida de coerción de prisión preventiva a los centros de corrección y rehabilitación, debido a la inexistencia de plazas o cupo, lo que ha provocado que permanezcan hasta por cuatro meses en los centros de detención, en espera de ser trasladados a un recinto penitenciario.
Con relación al hacinamiento, el documento de la ONDP señala que en el destacamento de La Romana hubo un momento en que fueron ingresadas entre 130 y 150 personas, cuando tiene capacidad para 30 detenidos. En el destacamento de la 11ava. Compañía de Mao, cuya capacidad es para 15 personas, fueron ingresadas hasta 70.
En el destacamento de la 5ta. Compañía de Monte Plata, con capacidad para 20, fueron recluidos entre 68 y 96. En el destacamento preventivo de Baní, que el espacio es para 8, ingresaron entre 80 y 100; y en el cuartel general de San Francisco de Macorís albergaron a 52 detenidos, aunque su capacidad es para 12.
Otro problema detectado por los defensores públicos, además de la falta de espacio físico, es que en los centros de corrección y rehabilitación alegan que no pueden ser ingresados los reos por un asunto de reincidencia.
Otras deficiencias expuestas en el reporte de la ONDP es la falta de entrega de las resoluciones de medida de coerción por parte del Juzgado de la Instrucción de Jurisdicción Permanente; falta de camas; falta de alimentos; espacios inadecuados para la realización de las necesidades fisiológicas y de higiene personal; falta de segregación de los detenidos por edad, y violación al plazo constitucional de 48 horas.
Dice el informe que los defensores públicos y abogados adscritos a la ONDP en ocasiones han logrado obtener la nulidad del proceso, e incluso la libertad pura y simple del detenido al momento de conocerse la vista de medida de coerción, cuando se comprueba la existencia de la vulneración a la integridad personal o maltrato. Cita como ejemplo al de Moca y Monte Cristi.
NO DISPONEN DE CAMAS: Con relación a la inexistencia de plazas, destaca la situación de las mujeres presas en el centro de detención de San Cristóbal, que según dice el informe, una vez son trasladadas al centro de corrección y rehabilitación de Najayo, han sido devueltas por las autoridades, alegando que falta espacio.
Esa problemática también fue detectada en el destacamento de Paya-Baní, donde tardan mucho en enviarlas hasta que exista alguna plaza disponible. Además, los destacamentos del país no proporcionan los instrumentos necesarios para garantizar el respeto del derecho a la dignidad humana de los detenidos. “siendo observado dentro de este renglón que los detenidos no disponen de camas y colchones”, dice.
