El presidente de la Asociación de Industria (AIRD), Campos de Moya, apoyó ayer al Gobierno dominicano en los procesos de arbitraje internacional, sobre todo en los casos con Odebrecht y la empresa Lajun Corporation.
El empresario consideró como una “falta de vergüenza” que los propietarios de estas empresas hayan llevado a República Dominicana a arbitraje internacional, y planteó que es el Estado dominicano que debe ser recompensado por el desorden que esas compañías han hecho en el país.
“Es una sinvergüencería de la Lajun pretender, después de haber hecho un desorden tan grande, ser económicamente recompensada. Creo que eso no es más que una vagabundería y pienso que además de cualquier arbitraje el Gobierno debería contemplar perseguir a aquellos socios de Lajun que se han prestado para semejante vagabundería”, expresó De Moya enérgicamente.
Respecto a Odebrecht, el empresario consideró como insólito que una empresa que ha sido acusada mundialmente por las “barbaridades” que ha cometido prácticamente en toda Latinoamérica esté reclamando dinero al Estado dominicano. “Creo que el Gobierno dominicano en esos dos casos tiene toda la razón de buscar un arbitraje internacional y nosotros debemos apoyarlo para que busque los mejores abogados pueda llevar”, manifestó.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz, manifestó que los arbitrajes son procesos naturales que se dan en los países con desarrollo institucional. Destacó que el país ha ganado arbitrajes anteriormente y que se espera que en estos casos también gane, sobre todo con la empresa Lajun, que a su juicio esa compañía ha sido un “gran dolor de cabeza”. Como reacción a lo publicado ayer por este medio respecto a que el país enfrenta siete casos de arbitraje, el expresidente del Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel Luna, indicó que estos procesos de arbitraje que enfrenta el país no son de preocupación ya que no se corre ningún riesgo. Dijo que esto es una muestra de que el Estado brinda seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros.
Refirió que el país ha salido victorioso en dos casos de arbitraje internacional y por eso estos procesos abiertos no tienen por qué verse como una amenaza. Luna destacó que lo más importante es que el país tenga un buen equipo de expertos que pueda defender sus intereses en cualquier escenario.
La secretaria ejecutiva del Centro de Resolución de Conflictos, Betty Soto Viñas, manifestó que el arbitraje como método alterno de resolución de disputas no representa un riesgo, ya que es un mecanismo reconocido internacionalmente que se caracteriza por su neutralidad y especialidad. “La utilización de este método ofrece a los inversionistas seguridad y garantías jurídicas”, enfatizó Soto Viñas.
RECLAMOS EN ARBITRAJE
El empresario jamaiquino Michael Lee-Chin (uno de los propietarios de Lajun Corporation), sometió al país por US$300 millones por alegada violación del contrato luego de ser despojada de la administración del vertedero Duquesa.
El consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella reclama unos US$708 millones por sobrecostos en la construcción de Punta Catalina.
Otros cinco casos están registarados en la corte de Naciones Unidas, como son: uno sometido en 2007 por una empresa de Francia para distribución eléctrica; otro ese mismo año por la TCW Group, que alegó interferencias indirectas de un “holding” del Gobierno; otros dos en 2014 por una empresa minera estadounidense y por la Bellantine, un proyecto de viviendas de lujo, un hotel y un spa, con capital estadounidense. El séptimo caso fue sometido por la panameña Silverton, que buscaba implantar un negocio de bienes raíces en el país.
En 2016 el tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó la demanda interpuesta por la compañía estadounidense Corona Materials LLC por US$100 millones. En 2017 la Corte Federal del Sur de la Florida falló en contra de las empresas Sun Land que habían demandado al Gobierno por alegado incumplimiento del contrato del proyecto de desarrollo agrícola Azua II.
