El expresidente Lula da Silva deberá permanecer preso, cumpliendo su pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción, tras un embrollo judicial con una serie de órdenes y contraórdenes para su liberación que sumieron a Brasil ayer domingo en una verdadera confusión.
Las idas y venidas que acabó zanjando el presidente de una corte de apelaciones empezaron en la mañana cuando un juez de guardia de ese tribunal sorprendió a todo el mundo al ordenar la liberación del líder de la izquierda y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, tres meses después de su detención en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur).
El magistrado Rogério Favreto -del tribunal TRF4 de Porto Alegre (sur) que en enero ratificó y amplió la condena en primera instancia del juez Sergio Moro- dispuso su excarcelación tras aceptar un pedido de habeas corpus presentado el viernes por el Partido de los Trabajadores (PT).
Ese recurso ya había sido desestimado por el propio Supremo Tribunal Federal (STF), con lo que la noticia estalló como una bomba.
Y mientras la prensa brasileña recordaba que el magistrado estuvo afiliado al PT de 1991 a 2010, poco después sin que los seguidores del exmandatario tuvieran casi tiempo de gritar “¡Lula Libre!”, el juez relator de la causa Lava Jato en ese tribunal, Jo„o Pedro Gebran Neto, ordenó cancelar la medida de liberar al expresidente.
Gebran Neto aseguró que el juez de guardia debía respetar la decisión colegiada del tribunal, después de que Sergio Moro, oficialmente de vacaciones, emitiera una nota donde aseguraba que Favreto no tenía competencia para ordenar esa liberación y pedía oficialmente al presidente del tribunal que revocara la orden.
Pero, para seguir rizando el rizo, el juez Favreto volvió a la carga y poco después de las 16H00 locales emitió una nueva orden en donde pedía la liberación de Lula en el plazo de una hora.
En medio de esa guerra de jueces, la presidenta del STF, Carmen Lúcia, emitió un comunicado en el que remarcó que la justicia es “impersonal”. “Los órganos judiciales competentes en cada región deben actuar para garantizar que la respuesta judicial sea ofrecida con rapidez y sin quebrar la jerarquía, con rigor absoluto al cumplimiento de las normas vigentes”, manifestó en una breve nota.
