El embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro, declaró que las medidas de Estados Unidos contra Cuba, buscan desalentar la inversión extranjera en el país y fortalecer inversiones en otros lugares como Punta Cana. Recientemente Estados Unidos anunció la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.
El gobierno de Donald Trump activó una norma que permite demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención que se mantenía desde hace dos décadas, indicó este martes un funcionario estadounidense.
El principal efecto que busca la administración Trump: desalentar la inversión extranjera en Cuba. “Es para que un empresario diga: bueno, en vez de invertir en Cuba, voy a invertir en Punta Cana (República Dominicana)”, ilustraba el martes el embajador de la Unión Europea (UE) en La Habana, Alberto Navarro.
El abogado Pedro Freyre, del estudio Akerman de Miami explica que, con la aplicación plena de la Ley Helms-Burton, “habrá un efecto inicial de enfriamiento en las inversiones potenciales en Cuba, seguido de una evaluación más reflexiva de la verdadera magnitud del riesgo”.
Tras algunas semanas amenazando con activar la norma, se apreciaba un fuerte nerviosismo entre inversionistas presentes o aquellos que desean invertir en la isla, indicaron a la AFP varias fuentes diplomáticas y un empresario francés instalado hace más de 20 años en la isla.
Según el periódico económico español Cinco Días, los grupos hoteleros Meliá e Iberostar contrataron bufetes de abogados para evaluar los riesgos.
Pero Cuba enfrenta el mayor peligro: la isla socialista tiene a la inversión extranjera como prioridad para desarrollar su economía, en crisis y socavada por la escasez. En 2017, el país apenas captó 2.000 millones de dólares en inversiones, lejos de los 5.000 millones que necesita para impulsar su crecimiento.
Miles de procesos en Estados Unidos, inversores desistiendo de Cuba y un contraataque ante la Organización Mundial de Comercio (OMC): estos son tres posibles efectos de la aplicación plena de la Ley Helms-Burton.
El título III de la norma de 1996 permite demandas contra empresas extranjeras por el uso de propiedades confiscadas tras el triunfo de la revolución cubana en 1959. A continuación, el detalle de las posibles consecuencias:
“Es muy probable que haya una avalancha de reclamaciones en el sur de Florida, muchas de ellas poco serias, de cubano-americanos contra compañías extranjeras, pero también contra entidades cubanas”, estima Chris Bennett, director de la consultora The Caribbean Council.
“La mayoría de estas demandas tendrán pocas posibilidades de éxito”, agrega Bennett, pero recuerda que dos millones de cubano-americanos viven en Estados Unidos, por lo que “es probable que el volumen de reclamaciones congestione sustancialmente las cortes de Florida”.
¿Cuáles podrían ser los blancos? “Por ejemplo, (la compañía minera canadiense) Sherritt, los operadores de hoteles de España, México”, explica el abogado Pedro Freyre, del estudio Akerman de Miami.
Sherritt International participa en una empresa mixta que es propietaria de la planta de níquel Pedro Soto Alba, antigua propiedad de la Moa Bay Mining Company, que le reclama 88 millones de dólares. En tanto, la cadena hotelera española Meliá administra el emblemático hotel Habana Libre, ex-Hilton.
Una Comisión para el Arreglo de Reclamaciones en el extranjero (FCSC), entidad gubernamental norteamericana, certificó casi 6.000 demandas por un monto de 1.900 millones de dólares.
Con un interés anual de 6%, serían 6.000 millones de dólares, según un estudio de Richard Feinberg, de la Latin America Initiative, del Brookings Institution de Washington.
Como explicó el embajador Navarro, “la UE ha creado una legislación antídoto, como lo ha hecho Canadá, Japón, México, por el cual nuestros ciudadanos y empresarios tienen la protección de la Unión Europea, en caso de que haya demandas (…) de Estados Unidos”.
“Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y tienen la posibilidad de hacer reclamaciones contra las empresas que han pedido indemnizaciones por propiedades confiscadas en Cuba”, añadió.
Pero la UE, primer inversor extranjero en la isla y, desde 2017, su principal socio comercial, podría ir aún más lejos.
“La Unión Europea estará obligada a utilizar todos los medios a su alcance (…) para proteger sus intereses”, advirtieron la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, en una carta dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, que pudo consultar la AFP.
“La UE está considerando presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con otros socios, porque la legislación estadounidense es contraria al derecho internacional”, añadieron.
